Tanto que se andaban cuidando los del CCE, que preside Francisco Cervantes, y ayer el presidente López Obrador se fue contra ellos antes de abandonar su Palacio. “Y de una vez también aprovecho para decir que lamento mucho que el Consejo Coordinador Empresarial esté pidiendo que se viole la Constitución, en pocas palabras. Están, primero, descarándose, están definiéndose por la corrupción y no quieren un auténtico Estado de derecho, quieren un Estado de chueco”, dijo el mandatario ante la postura y queja de los empresarios ante los ajustes al Poder Judicial. “Y es mucha prepotencia que los que se sienten dueños de México quieran tener a sus pies a jueces, a magistrados y a ministros. Porque el Consejo Coordinador Empresarial no son nada más los que representan ese organismo, son los más afortunados de México, que no dan la cara, pero son los que tienen a su servicio a ministros de la corte”.
A la sombra…
Por cierto, al menos un par de estados se sumarán a los 13 que ya se mantienen en paro de trabajadores del Poder Judicial por la inconformidad que ha generado la reforma propuesta por la llamada cuarta transformación. A pesar de los cabildeos de distintos personeros afines a Regeneración Nacional, la suspensión de actividades se activó de manera indefinida, sólo con atención de los casos urgentes; pues acusan de simulación los llamados “Diálogos Nacionales sobre la Reforma” porque no se incluyeron las sugerencias de los expertos nacionales e internacionales.
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Hablando del paro entre los trabajadores del Poder Judicial, en los documentos con los que los integrantes del Tribunal del Estado de México fundamentaron su adhesión a la protesta, ahí, se plantea que la medida es una última instancia para advertir el riesgo del proyecto morenista que pretende echar por tierra la carrera judicial y, en cambio, designar a jueces y magistrados mediante una tómbola. Además, dicen, con el proyecto cuatroteista se pone en riesgo la división de poderes y se afecta la independencia judicial.
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Nos recuerdan que en su estrategia para combatir el tráfico internacional de drogas, Estados Unidos ha intensificado el uso de sanciones dirigidas, especialmente contra aquellos involucrados en la producción y el tráfico de fentanilo. Estas medidas, que incluyen el bloqueo de activos y restricciones financieras, se han convertido en herramientas clave para interrumpir las operaciones de organizaciones criminales en todo el mundo. La Ley de Sanciones contra el Fentanilo (FSA) y la Orden Ejecutiva 14059, firmada por el presidente Biden, amplían estas sanciones a personas y entidades que participan o apoyan la proliferación de opioides, reflejando la gravedad de la crisis de sobredosis que enfrenta el país. Y México, subrayan, está en el primer lugar de la lista.
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La Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (AMEXHI) ha planteado a la próxima administración de Claudia Sheinbaum la necesidad de explorar fuentes no convencionales, como el fracking, para la extracción de gas natural y retomar asociaciones estratégicas en la industria petrolera. Alberto de la Fuente, presidente de AMEXHI, presentó un conjunto de ocho propuestas donde se destaca la urgencia de mantener procesos competitivos en la asignación de áreas para la explotación de recursos. Asimismo, subrayó la dependencia de México hacia Estados Unidos para la generación eléctrica, con un 75 por ciento del gas natural importado, de los cuales el 86 por ciento proviene de fuentes no convencionales. El documento insta a revisar la política actual que prohíbe el fracking, argumentando que su implementación podría ser clave para garantizar la seguridad energética en el contexto del nearshoring y la atracción de nuevas inversiones al país. Lo cierto es que los enterados saben que Sheinbaum no se arriesgaría a revivir prácticas tan controversiales que lo más que han dejado son escándalos en las comunidades en donde se practican.
