En noviembre de 2023, el proyecto de ley SB4 fue aprobado por la Cámara de Representantes y el Senado de Texas, mientras que el 18 de diciembre del mismo año lo firmó el gobernador del estado, Greg Abott, convirtiéndose así en ley.
De acuerdo con información del Gobierno de Texas, la SB4 crea un delito penal por la entrada ilegal a ese estado desde una nación extranjera; toma medidas enérgicas contra los intentos repetidos de ingresar a esa entidad federativa, al crear el delito de reingreso ilegal, y penaliza a las personas infractoras con hasta 20 años de prisión. En otras palabras, esta ley criminaliza la migración y fomenta la separación de familias y la discriminación, que atentan contra los derechos humanos de las y los migrantes.
La aplicación de esta ley se encuentra momentáneamente suspendida; sin embargo, el próximo 3 de abril se realizará una audiencia en la Corte de Apelaciones del Quinto Distrito de Nueva Orleans, Luisiana, a fin de que los magistrados integrantes de ese tribunal emitan un fallo para decidir si procede o no la entrada en vigencia.
En cualquier escenario, el Gobierno de México sigue con la atención jurídica en sus consulados, en este caso, en las 11 representaciones ubicadas en Texas, así como en el consulado de Albuquerque, que también cubre condados de aquel estado, para que nuestras y nuestros connacionales se acerquen a ellos, conozcan sus derechos y se les brinde asistencia y protección ante una eventual entrada en vigor de la ley.
Esto transcurre en forma paralela a otras acciones, como la presentación, la semana pasada, de un escrito, como amigo de la corte (amicus curiae), ante la referida instancia de apelaciones. Cabe señalar que esta figura jurídica es un documento que pueden hacer llegar personas o partes ajenas a un juicio o litigio, pero que tienen un interés jurídico en la materia y desean proporcionar argumentos para la resolución de un asunto, brindar información relativa al caso, prevenir sobre las eventuales consecuencias de una decisión o manifestar su opinión o punto de vista jurídicos.
El Gobierno de México indicó que su amicus curiae se integra por cinco argumentos; a saber: que la ley SB4 puede conducir a acoso, detención, expulsión y criminalización indebida de personas mexicanas por tener “apariencia latina”; que puede crear un “ambiente de incertidumbre, temor y vulnerabilidad generado”; que “contraviene la exclusividad de la federación de regular la materia migratoria”; que “violenta el derecho soberano de México a decidir, con sus propias políticas, quién tiene autorización de entrar a nuestro territorio”, y que impactará en el diálogo bilateral sobre asuntos fronterizos y afectará al comercio.
A ello se debe agregar que el presidente López Obrador señaló que México no aceptará, bajo ninguna circunstancia, repatriaciones desde Texas.
Las y los migrantes mexicanos no son criminales; son personas que contribuyen al desarrollo de aquel estado y de la misma Unión Americana. El 26 por ciento de la población de Texas es de origen mexicano, por lo que su aportación en términos económicos es muy importante, como lo destacó nuestro Gobierno federal.
Asimismo, las y los 37.7 millones de compatriotas que viven en Estados Unidos contribuyen con 324 mil millones de dólares al año a la economía de ese país. Esto es más alto que el PIB de Colombia (314.5 mil millones de dólares). Además, 7 de cada 10 trabajadores agrícolas son mexicanos, y las remesas que envían a nuestro territorio representan 63.3 mil millones de dólares anuales, lo cual equivale solo al 18.5 por ciento de sus ingresos y significa que el resto permanece en aquella nación.
La radicalización ideológico-conservadora de algunos Gobiernos estatales de la Unión Americana para buscar votos a costa de la transgresión de derechos humanos de migrantes nos llama a seguir en alerta, con acciones como el amicus curiae y otras, para proteger a nuestras y nuestros connacionales e impedir la instrumentalización política de México dentro del proceso electoral estadounidense.
X y Facebook: @RicardoMonrealA
