¿Qué esperar de la economía mexicana en el sexenio que arranca en octubre? Más allá del proyecto esbozado en la campaña electoral por la Presidenta electa, se presenta un panorama complejo, aunque también oportunidades de gran alcance.
Por una parte, perspectivas de menor crecimiento para 2025 y presión en las finanzas públicas por el crecimiento del déficit en 2024. Por otra, incertidumbre, de entrada, por las reformas constitucionales que promueve la coalición ganadora, con cambios sensibles al sistema de gobierno y de Estado de derecho, con el riesgo de que menoscaben seriamente la independencia y facultades del Poder Judicial y organismos autónomos; y del exterior, las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos, adonde va 85% de las exportaciones mexicanas y donde hay un discurso de proteccionismo, en la antesala de la revisión del TMEC en 2026.
No obstante, hay ventanas de oportunidad extraordinarias. Principalmente, los cambios en las cadenas de suministro internacionales, ante los cuales México presenta claras ventajas. Proyecciones apuntan a que el nearshoring podría suponer inversiones de 30 a 50 mil millones de dólares anuales a 2030, y que las exportaciones pasen de alrededor de 580 mil millones a cerca de 1.1 billones. Así, el país podría crecer a tasas anuales cercanas al 4 por ciento. En el proyecto económico de la próxima Presidenta se asume esta oportunidad histórica.
Contiene compromisos que deben generar confianza en aspectos claves, como el respeto a la autonomía del Banco de México y un uso responsable de los recursos y la deuda. No anticipa una reforma hacendaria, indispensable, eventualmente, para lograr mayores ingresos públicos y afrontar, con soluciones sostenibles, retos acuciantes como el costo creciente de las pensiones no contributivas, las dificultades financieras de Pemex y la distorsión estructural de la economía informal.
No habría, por ahora, alzas de impuestos ni creación de nuevos gravámenes. Sí se señala que es necesario avanzar “un paso” para potenciar el crecimiento económico y se refuerza el compromiso con un manejo disciplinado de las finanzas públicas, lo cual ha sido confirmado con el de la reducción del déficit.
Buena señal: una reforma para modernizar y hacer más eficiente la Administración Pública Federal, incluyendo sistemas digitales para agilizar y simplificar procesos, así como la reestructuración y un enfoque de consolidación de las compras públicas, priorizando licitaciones y con procesos de planeación y seguimiento para reducir sobrecostos, retrasos y subejercicios.
En energía, factor clave para la inversión productiva, el proyecto insiste en “la reversión de las reformas neoliberales” y el fortalecimiento de las empresas públicas del sector, pero también subraya la necesidad de una inserción de lleno en el proceso global de transición energética.
Esto puede dar lugar a un entorno más propicio para la inversión privada, al menos más que en el sexenio que acaba, complementando la pública mediante una estrategia integral. Manteniendo la ideología partidista de la soberanía, pero, esperemos, con más realismo y pragmatismo para que se den las inversiones requeridas a través de fórmulas idóneas y sinergias.
Aunque se enfatiza que se impulsará que CFE genere 54% de la electricidad, se señala que esto se hará principalmente con proyectos renovables, como solares y eólicos, y se remarca que se permitirá la participación de empresas privadas “de forma razonable” y que se definirían esquemas claros para ello; oportunidad para poner en sintonía prioridades de ambas partes.
Se habla de un modelo para los próximos 30 años, con énfasis en disminuir la emisión de gases de efecto invernadero y “crear más ventajas para México en los mercados internacionales”. Esto podría abrir las pistas del viaje a una economía de cero neto de carbono.
También se destaca que México cuenta con un ahorro bruto estimado en 6.8 billones de pesos, 21% del PIB –se entiende que de fondos de pensiones– y que se buscaría canalizar más recursos, con vehículos financieros idóneos, a proyectos estratégicos, junto con inversión privada nacional y extranjera, y con perspectiva regional, de innovación, transferencia tecnológica y sostenibilidad.
Se alista la consolidación de la infraestructura del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, incluyendo los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos y mejorar toda la logística multimodal. Asimismo, mantenimiento y mejora de las carreteras que conectan al sur con la frontera norte para apuntalar su integración con toda América del Norte. En paralelo, coordinación con Estados Unidos para los cruces fronterizos de carga y personas.
Prometedor: se desarrollarían otros nueve corredores industriales: en el aeropuerto AIFA, Golfo, Pacífico, Frontera, Baja California, Bajío, “Maya”, Centro y Noroeste. Una oportunidad de incorporar atributos de Zonas Económicas Especiales que puedan elevar la competitividad y el atractivo para invertir.
De enorme trascendencia, planeación e implementación de un programa “radical y justo” para darle viabilidad hídrica al país por los próximos 50 años. Más necesario y oportuno, imposible.
Ojalá que todo esto se apuntale con un compromiso con el Estado de derecho y para superar el grave problema de la inseguridad, claves para la inversión, así como con una mayor colaboración entre el Gobierno y el sector privado para impulsar el desarrollo de las pymes, la innovación y el emprendimiento.
El electorado mexicano ha dado un inmenso poder al próximo Gobierno y a la coalición política que lo respalda. Con él, si hay visión y pragmatismo, pueden colocar los fundamentos de un México más próspero. Fundamental, buscar la conciliación y la unión en lo esencial. En materia económica, lo necesario para que México, ahora sí, crezca y se desarrolle al nivel de su inmenso potencial.
