Licitaciones transparentes

Por razones de realismo fiscal, ningún gobierno puede, por sí sólo, realizar las obras de infraestructura necesaria que necesita un país - por más pequeño que sea - para funcionar.

Esto lo intentó la Unión Soviética y el resultado fue un rotundo fracaso. En democracias liberales los diversos proyectos de infraestructura son realizados normalmente por la iniciativa privada a partir de concursos organizados por el Estado en la que empresas participan tratando de presentar el mejor proyecto y ser elegidas para realizarlo. En teoría, se premia la preparación técnica, la habilidad administrativa y la eficiencia financiera. Se trata de una práctica fundada en la meritocracia.

En la práctica, el proceso no es tan transparente y en vano encontraríamos ejemplos en el mundo donde ciertos favoritismos nunca ponen la balanza en favor de uno de los concursantes. No obstante, existen casos muy cercanos al ideal teórico y lo que se busca, en todo caso, es que cada vez la práctica se parezca más a la teoría.

Esto ocurre cuando un país adopta el régimen llamado democracia liberal. Ningún otro sistema de gobierno es tan hospitalario a la práctica de la meritocracia.

La transparencia y la meritocracia en los concursos de infraestructura en México aumentó a medida que el país transitaba de un gobierno autoritario a uno democrático. Esto, por supuesto, no ha sido el caso en el presente régimen, en el que empresas ligadas a familiares o amigos del presidente o de cercanos a él han recibido contratos sin licitación de por medio. Se calcula que hoy ocho de cada diez contratos se otorgan por adjudicación directa.

Mientras esta práctica sea la norma no podremos alcanzar los niveles de justicia y prosperidad que merece el país.

Como siempre, el modelo militarista propugnado por esta administración es un obstáculo mayor al modelo meritocrático. La práctica actual ha sido la de ocultar información sobre licitaciones por razones de "seguridad nacional". Esta opacidad es resultado directo de dar contratos a las fuerzas castrenses. Lo que hay que hacer, por lo tanto, es regresar al paradigma civilista de acuerdo con el cual el ejército no es empresario que concursa por contratos con el gobierno en áreas que no son de su competencia.

Otro problema que debe atenderse es el de la incompetencia gubernamental en la materia. Se piensa que uno de cada cuatro pesos de contratos se encuentran mal clasificados en compranet. La incompetencia administrativa deberá ser un problema a solucionar para el próximo gobierno.

La falta de un control de gestión va de la mano de la carencia de transparencia. Para solucionar este último problema una buena idea sería grabar las licitaciones públicas para que estas puedan ser consultadas por la ciudadanía. Esto se vuelve más fácil hoy debido a la existencia del internet.

Sólo un sistema transparente y eficiente de licitaciones podrá garantizar que las empresas que terminen realizando los proyectos de infraestructura del país sean las mejores.