El mejor instrumento diseñado por la sociedad para proteger los derechos que derivan de la dignidad de la persona es la Seguridad Social (SS). De esa dignidad emanan todos los derechos que el Estado debe reconocer, promover y garantizar, asumiendo que el principio de solidaridad asegure la consecución del bienestar social.
En la SS se atienden varios rubros como la vejez, invalidez y muerte, enfermedad y maternidad, desempleo y asignaciones familiares, asimismo, se estructuran sistemas de financiamiento sustentables basados en estudios demográficos, financieros, económicos, actuariales y legales que garantizan su viabilidad a largo plazo. Generalmente, se establecen fondos que operan como seguros que constituyen una reserva suficiente para pagar las contingencias o casos que se presenten en cada rubro.
Cuando se crea un nuevo sistema de SS se realizan los cálculos correspondientes para establecer los montos de contribución que darán todos los integrantes del sistema para alcanzar los beneficios que se han propuesto. Así, en función a las condiciones de edad, sexo y perfiles epidemiológicos, se establecen las cuotas, el monto de los beneficios y las condiciones para recibirlos. Al pasar del tiempo, la situación demográfica y epidemiológica de la población objetivo cambia y hay que ajustar los parámetros, ya sea aumentando cuotas de trabajadores, patrones y gobierno, los tiempos mínimos de cotización y la edad para el retiro, o bien, bajando el monto de las jubilaciones. Por lo que en todo el mundo las reformas a los sistemas de SS, particularmente en el rubro de pensiones, se convierten en asuntos de Estado con visión a largo plazo que deben tratarse con seriedad.
Por lo que resulta muy extraño que, arrancando el año electoral, el Presidente anunciara reformas a la Constitución para otorgar “pensiones del 100 % del último sueldo a todos los trabajadores”. La propuesta era una trampa para la oposición, ya que su cálculo era que la rechazaran por absurda, pero los partidos opositores manifestaron su apoyo siempre y cuando se establecieran mecanismos claros de financiamiento sostenible a largo plazo sin eliminar organismos autónomos.
Aquí se descubrió la primer mentira, no había un plan serio de financiamiento, tan fue así que a pesar de haber presentado la iniciativa de reforma al artículo 123 constitucional, Morena nunca la impulsó. Así que vinieron los primeros cambios y se anunció que para alcanzar el propósito se crearía un fondo semilla con recursos públicos que se tomarían de utilidades de Mexicana de Aviación y del Tren Maya (que ya había ofrecido a los militares), así como del fideicomiso de la scjn y extinción de Órganos Autónomos. La oposición y especialistas de inmediato señalaron lo ilegal e irreal de esta idea, pues, aunque se tomara ese dinero, resultaría irrisorio ante el tamaño del reto financiero y esta fue la segunda mentira.
Entonces el gobierno comenzó a matizar su propuesta, ya no sería para todos los trabajadores, sino solamente a los registrados en el imss que iniciaron sus aportaciones con la reforma de 1997 y que estarían llegando al momento de exigir su pensión, que son sólo 18000 personas. También se acotó el término del 100 % del último sueldo y se topó al salario promedio del país, alrededor de 16 mil pesos, siendo estas la tercer y cuarta mentira, “ni para todos los trabajadores ni el 100 % del último sueldo”.
Todo lo anterior culminó en un robo, después de tantas incongruencias, Morena presenta y aprueba en las cámaras legislativas una iniciativa para confiscar las cuentas no reclamadas por trabajadores que ya cumplieron 70 años y no han retirado sus ahorros, y pasarlos a un Fondo de Pensiones para el Bienestar, en lugar de crear un fondo con recursos públicos obtenidos de fuentes legítimas, López optó por un robo porque el gobierno está tomando “dinero privado de cuentas de ahorro en las que no ha aportado un solo centavo". Las quinta y sexta mentiras, ni fondo público ni garantía de fondeo futuro.
A esta medida manifestaron su rechazo no solo las oposiciones, sino también los trabajadores afiliados a la ctm y los empresarios de coparmex. Sus objeciones, además de rechazar el atraco, consisten en desconocer el régimen de inversión, las reglas de operación y mecanismos de supervisión. ¿Por qué haber sustraído estos recursos del ámbito de escrutinio de la consar donde se encuentran representantes de los aportantes, trabajadores y patrones que ha demostrado eficiencia en sus inversiones? Recordemos que el dinero que se encuentra en las Afores no está guardado en una bóveda bajo llave, está invertido mayormente en cetes, esto significa que “el principal acreedor de los trabajadores es el gobierno, el mismo que confisca este dinero”, algo muy turbio hay en este acto. Aquí está la séptima mentira, no les interesa un fondo, quieren obtener ganancias financieras sobre todo pensando que este sólo es el inicio de una andanada contra las Afores.
La peor mentira es la que enarbola Claudia Sheinbaum, que continúa explotando electoralmente este atraco y lo anuncia como la acción del gobierno para lograr que todos los trabajadores tengan una pensión del 100 % de su último sueldo, cuando como ha quedado explicado, “es solamente para poquitos trabajadores y no es el 100% de su último salario”, pero se oye bonito. ¡Qué chulada!
Presidente de la Academia Mexicana de Educación
