Con 267 votos a favor, 104 en contra y 33 abstenciones, el viernes pasado la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa para prohibir y sancionar penalmente las mal llamadas terapias de conversión o ECOSIG (Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género).
Al menos medio millón de personas han sido víctimas de esas prácticas en México, de acuerdo con la asociación civil Yaaj México (https://www.yaajmexico.org/) quien logró mover a la sociedad liderando esta lucha. El camino no ha sido fácil y sigue enfrentando desinformación y resistencia especialmente por parte de grupos y personas legisladoras fóbicas anti derechos.
Estas prácticas denigrantes e inhumanas incluyen acoso moral, privación de la libertad, aplicación de electrochoques o incluso violaciones “correctivas” (en muchos casos contra personas menores de edad) y han sido calificadas por la ONU como tortura.
La iniciativa fue presentada en 2018 en el Senado por las senadoras Patricia Mercado de Movimiento Ciudadano, Alejandra Lagunes del Partido Verde y Citlali Hernández de Morena y aprobada en 2022 a pesar de las oposiciones panistas.
Frente a la denuncia y visibilización gracias a los testimonios de personas valientes, se han ido sumando activistas, artistas, organizaciones, colectivas, medios de comunicación e incluso organismos internacionales como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Para ello, personas activistas han sido claves para empujar puertas y mover la maquinaria interna de la voluntad política legislativa, como con el trabajo persistente de Genaro Lozano o el dinamismo y liderazgo de Iván Tagle, Paola Santillán, Alejandra Paredes, Adrián Rodríguez, Maximiliano Ortiz Rodríguez y todo el equipo de Yaaj México.
Es indispensable comentar sobre el debate en el pleno de la Cámara de Diputados. Son inaceptables los discursos de odio, de desinformación, discriminatorios, ofensivos de personas legisladoras del PAN que calificaron a las poblaciones de la diversidad sexual y de género de “pervertidos”, “pedófilos”, “haciéndose las víctimas para conseguir beneficios y privilegios” o con la narrativa falsa y propagandística de “con los niños no” acusando falsamente hasta de “mutilación genital de menores”. Entre ellas: Margarita Zavala, Teresa Castell o Gabriel Quadri.
El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación nuevamente brilla por su ausencia pública. La presidenta de la mesa directiva de la Cámara, la diputada del PRI Blanca Alcalá permitió que siguieran las declaraciones de odio sin ninguna sanción o llamada de atención a la normatividad.
El odio no es libertad de expresión. La discriminación es un delito. La omisión es violencia. El silencio es complicidad. Debemos aplaudir las voces y el actuar de diputadas y diputados como Salma Luevano, Rocío Banquells, Frinné Azuara, Braulio López o Fernanda Félix. Como poblaciones de la diversidad y aliadas no olvidemos esos sucesos el 2 de junio.
Hoy, 11 países prohíben y sancionan estas prácticas, y esperemos que pronto sea el caso de México cuando el Senado apruebe en las próximas semanas la iniciativa modificada en la Cámara de Diputados y el presidente López Obrador la promulgue. Pronto será una victoria más para los activismos y los derechos. No hay #NadaQueCurar.
