Por orden de un juez, el gobierno de la Ciudad de México deberá suministrar agua potable a los vecinos afectados por la contaminación del líquido ya sea por medio de pipas o de la red.
Hace dos semanas, 10 habitantes de las colonias Del Valle y Nápoles se unieron para interponer de forma colectiva un amparo por el agua contaminada que recibieron en sus hogares. El juez octavo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México resolvió a su favor y les otorgó una suspensión provisional.
El grupo de vecinos espera que esta semana las autoridades; Gobierno de la Ciudad de México, el Sistema de Aguas (Sacmex), la Secretaría de Protección Civil, Pemex y la Agencia Nacional de Protección al Medio Ambiente reciban la orden del juez, para luego confirmar a través de que medio se dotará de agua.
“Fue un amparo que se promovió de manera administrativa y el juez octavo de distrito nos otorgó la suspensión. Esperamos que a más tardar el jueves todas las autoridades citadas sean informadas, comiencen a trabajar y respetar la suspensión provisional”, explicó Lucina Leo, abogada y damnificada por la contaminación del agua.
El amparo promovido también fue acompañado por los resultados de un estudio químico realizado por un laboratorio, que de acuerdo con vecinos cuenta con las certificaciones necesarias para validar sus resultados, información que les valió para obtener una respuesta favorable.
El análisis señala que en las muestras tomadas de las colonias Nonoalco, Del Valle y Nápoles hay datos de cloroformo, diclorobenceno, tricloroetileno y otros compuestos peligrosos en el suministro. Pablo Morales, maestro en ciencias y experto en tratamiento de agua señaló que de acuerdo con la información disponible sobre lo ocurrido en la alcaldía Benito Juárez, el procedimiento para la toma de muestras no fue el adecuado.
“Si lo que está circulando es cierto, estamos ante un problema mayúsculo, porque muchos de esos componentes tienen anillos bencénicos, los toxicólogos lo sabrán mejor que yo; pero muchas de esas especies son reactivas al cloro y el agua de las líneas es clorada para su distribución, y eso los hace que puedan producir más daños a la salud pública”, señaló en entrevista con El Sol de México.
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Hizo énfasis en aclarar como los químicos en el agua no tienen que ver con algún acto de sabotaje, porque un pozo no es vulnerable a este tipo de actos. “Esa tesis es derrumbable desde muchos aspectos, es algo irrisorio y me parece francamente irresponsable acusar de sabotaje, son pozos a más de 100 metros de profundidad (…). He escuchado quienes han manifestado esa tesis, pero francamente no tienen idea de lo están hablando, en términos de ingeniería es complicadísimo”, detalló.
La abogada Lucina Leo precisó que este es el segundo amparo resuelto por autoridades capitalinas, pero es el primero que se realizó de forma colectiva. No obstante, seguirán presentándose más amparos de vecinos afectados, para solicitar remediaciones económicas, debido a los gastos que han significado la compra de garrafones y pipas.
“Esto es muy grave y todavía no se resuelve, los amparos seguirán tanto personal y colectivamente. No estamos cobrando nada, ni pidiendo dinero para análisis”, aseguró Lucina Leo.
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