Dicen los que saben que hoy, o a más tardar mañana, un juez debe otorgar o rechazar a la Fiscalía General de la República, de Alejandro Gertz, la orden de aprehensión contra 31 investigadores y funcionarios del Conacyt. Hasta donde sabemos se enviaron cientos de cartas y mensajes a la Judicatura Federal, a la Corte y al Presidente de la República para que se haga una investigación apegada a derecho sobre el uso de recursos públicos en el Foro Consultivo, Científico y Tecnológico (FCCyT).
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Nos dicen que si gana la sensatez, le decisión del juez iría en el sentido de eliminar las órdenes de aprehensión, que los presuntos conozcan el expediente y defenderse de las acusaciones que se les imputan, sin que medie orden de aprehensión, la acusación de delincuencia organizada, vivir un proceso judicial en un penal de alta seguridad y cumplir penas de hasta 80 años. La investigación sería sólo para los directivos, no para los 31.
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La comunidad científica y la mayoría de los 31 investigadores quieren una investigación transparente y apegada a derecho. Porque, dicen, la operación del Consejo Consultivo desde 2002-2019, estuvo auditado y regulado por 17 organizaciones públicas y privadas que recibían los estados financieros, además de la Auditoría Superior de la Federación.
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La decisión del juez podrá ser un contrapeso real a los excesos del poder, vengan de donde vengan y pueden marcar un hito en la impartición de justicia. El otro camino no es un buen presagio para nadie. Ojalá gane la legalidad, la prudencia y la razón. Aunque luego de lo que se ha leído en la mañanera, en redes sociales y en los medios que dispersan propaganda de Palacio, la situación pinta para ponerse peor de lo que se ve.
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El caso de los 31 científicos del Conacyt que la Fiscalía General de la República busca llevar al penal de Almoloya dividió hasta a los propios miembros de la autodenominada cuarta transformación, de ahí que la misma jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, y el líder de los senadores morenistas Ricardo Moreal se hayan desmarcado de la persecución contra los investigadores.
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En el otro extremo, la Fiscalía de Alejandro Gertz, el senador Armando Guadiana, mejor conocido como El Rey del Carbón, y la actual directora del Centro, María Elena Álvarez Buylla, insisten en culpar de delincuencia organizada al mencionado grupo. La división de opiniones mostradas en redes sociales duró poco y luego tuvo que unificarse en torno a otro tema, cuando todos los miembros del gabinete presidencial se debieron unir en apoyo a la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez Müller.
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Que por segunda ocasión, el Consejo del Instituto Nacional Electoral deberá intentar ponerse de acuerdo para lograr el nombramiento de quien ocupará la presidencia definitiva del órgano electoral del Estado de México, en sustitución del finado Pedro Zamudio Godínez.
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La decisión tendría que quedar lista a más tardar el viernes 29 de octubre; esto si no ocurre de nueva cuenta un boicot al procedimiento como ya sucedió en abril pasado cuando, según nos comentan desde el Edomex, los consejeros Ciro Murayama y Lorenzo Córdova impidieron que se llegara a un consenso para elegir a alguna de las dos candidatas finalistas, por lo que el ejercicio tuvo que declararse desierto.
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