Dicen los que saben que en los gobiernos estatales y hasta dentro de los pasillos de las dependencias federales, en el sistema nacional de investigadores, universidades públicas y privadas, y entre los líderes de las empresas grandes y chicas de este país se preguntan quién o quiénes fueron los responsables de cancelar los trabajos del Consejo de Salubridad General, encabezado por Jorge Alcocer Varela. En la UNAM, el IPN, la Academia Mexicana Nacional de Medicina, la Academia Mexicana de Cirugía , el IMSS, ISSSTE y la ANUIES opinan que en medio de la pandemia ésta era la instancia y el mejor momento para discutir y elaborar una política pública de salud para México.
A la sombra...
Nos aseguran que hasta en Hacienda, de Rogelio Ramírez de la O; Economía, que encabeza Tatiana Clouthier; Agricultura, de Víctor Manuel Villalobos Arámbula; Semarnat, de María Luisa Albores González, y Conacyt, bajo el mando de María Elena Álvarez-Buylla Roces, esperan ser convocados al Consejo de Salubridad General y participar con su grano de arena para salir fortalecidos del Covid, pero sospechan que alguien tuvo miedo de convocar a las mentes más brillantes del país y encontrar una salida de consenso a la crisis de salud pública en México. Mientras tanto los muertos están sumando recuerdos amargos en la memoria de los mexicanos.
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Está en Mexico Avelino Meza, secretario general de Fuerza Migrante (Nueva York), y se va para reunir con
representantes de la banca comercial, agentes financieros no bancarios, funcionarios de gobierno y ONGs para negociar comisiones más benévolas por el envío de remesas a las familias de migrantes. Avelino Meza junto con Jaime Lucero quieren que los bancos en el país cobren menos de los 10 dólares actuales por cada envío de Estados Unidos a México. Buscan que las remesas lleguen completas y a tiempo a su destino.
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Entre ellos se comenta que en el nuevo Congreso, a través de los diputados, propondrán un par de iniciativas para reconocer los derechos políticos de cerca de más de 10 millones de mexicanos en la nación que gobierna Joe Biden y regular la transferencia de 40 mil millones de dólares de remesas cada año y con crecimientos del 20 por ciento anual.
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Continúa el tortuguismo en el SAT, de la Dama de Hierro Raquel Buenrostro Sánchez, y en la STPS, que comanda la siempre a la moda Luisa María Alcalde, para otorgar el llamado Registro Federal de Contribuyentes y el REPSE (Registro de Prestadores de Servicios Especializados y Obras Especializadas). Aunque se estima que al final de la semana podría haber autorizadas 15 mil empresas para dar el servicio de outsourcing especializado, en la industria estiman que no van ni la mitad las que van a solicitar registro.
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Nos adelantan que el Congreso otorgó un mes de plazo, pero en septiembre van a llover amparos en contra de la reforma laboral en materia de subcontratación, entre otras cosas porque el Gobierno Federal se dio hasta un año adicional de plazo y las empresas solamente tienen agosto para adaptarse a las nuevas reglas. ¿No que piso parejo para todos?