En plena conferencia mañanera, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó cifras sobre la tasa de homicidios registrados durante el recién concluido sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Los mencionados datos apuntan a que Colima, de la morenista Índira Vizcaino, encabeza la lista de entidades con más muertes dolosas por cada 100 mil habitantes. El apunte fue visiblemente incómodo para la presidenta Claudia Sheinbaum, quien de inmediato pidió que se proyectara la gráfica con los incidentes sólo de este año para confirmar que Guanajuato, de la panista Libia Dennise García, es el que más delitos de ese tipo ha registrado.
A la sombra…
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió ayer por la mañana que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, no está bajo investigación y que no hay ninguna prueba en su contra, de su supuesta relación con narcotraficantes. “Y también aprovecho para decir que la gobernadora Evelyn Salgado tiene todo nuestro apoyo, todo nuestro apoyo, y que vamos a apoyarla tanto en temas de protección civil, de todo lo que requiera, incluido también el tema de seguridad”. Diría AMLO: “Tengan para que se entretengan”.
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El que andaba ayer muy contento era Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), pues se reunió con Claudia Sheinbaum en privado, y logró dejar en claro que igual que con el tabasqueño, quieren tener una relación cercana con la mandataria. Entre otras cosas, se ofreció trabajar para contener los precios de la canasta básica, impulsar la relocalización industrial (nearshoring) y fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs).
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También se discutió la importancia de atraer inversiones estratégicas en zonas como el sureste de México. Cervantes subrayó la necesidad de lograr consensos con todos los actores de la sociedad para fomentar un crecimiento económico equilibrado, que promueva la justicia social y asegure que los beneficios del desarrollo lleguen a todos los sectores de la población. Es decir, que fue una reunión cordial en la que no le pidió a la Presidenta de México nada.
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Cuentan que en el Movimiento Regeneración Nacional la grilla entre los diputados está más viva que nunca, pues hay varios anotados en la repartición de las presidencias de comisiones prioritarias, tales como Presupuesto, Puntos Constitucionales, Hacienda y Justicia. Aunque hay ya nombres que se perfilan para encabezar esos espacios, hay uno que otro cuatroteísta que intenta todavía pelear lugar; es más, hasta hay lío actualmente por la comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, que en el papel le correspondería al Partido Verde.
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No es eso, dijo Ricardo Monreal, no es un guiño al Poder Judicial. Se refiere a un tema complejo, que suena a muy técnico. El coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, reconoció públicamente que se cometieron errores al dictaminar la reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y adelantó que se llevará a cabo una nueva reforma constitucional para corregir dicha situación.
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En una conferencia desde San Lázaro, Monreal admitió que los artículos 94 y 97 de la Constitución presentan contradicciones respecto al método de elección del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Mientras el artículo 94 establece una presidencia rotativa basada en los votos obtenidos, el artículo 97 prevé una elección cada cuatro años sin posibilidad de reelección inmediata, generando así una inconsistencia.
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Monreal aseguró que se corregirá el error mediante una reforma constitucional y negó que se trate de un fallo legislativo, señalando que es común que surjan contradicciones al reformar la Carta Magna. Asimismo, informó que ya existe un grupo de trabajo dedicado a resolver esta discrepancia, mientras se avanza en la organización de las elecciones por voto popular de ministros, magistrados y jueces, junto con la creación de leyes secundarias que regulen dichos comicios. Pero dejó claro: no es tenderle la mano al Poder Judicial.
