El fin de semana dejó mucha tarea para la Secretaría de Seguridad Pública, de Rosa Icela Rodriguez, quien no apenas sale de un problema con desaparecidos en Matamoros, ahora tendrá que resolver el caso de siete mujeres fueron reportadas como desaparecidas en la zona norponiente de Celaya, Guanajuato. A las que se unieron tres mujeres que salieron de Texas rumbo a Nuevo León para vender ropa en un mercado al sur de Monterrey, de las que no se sabe nada.
A eso hay que agregar el bar balaceado en Apaseo El Grande, Guanajuato, donde murieron de menos ocho personas. Es la vida de muchas personas comprometidas a la vez.
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A 10 meses de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entonces presidida por el ministro Arturo Saldívar, declaró inconstitucionales las revisiones migratorias por ser una medida discriminatoria y racista, la Cámara de Diputados aprobó un dictamen que establece que el Instituto Nacional de Migración, que dirige Francisco Garduño, podrá llevar a cabo revisiones migratorias dentro del país conforme a sus protocolos.
De acuerdo con organizaciones de migrantes, esta iniciativa, turnada apenas al Senado, es inconstitucional, contraría a lo aprobado por la SCJN y perpetúa el actuar racista y discriminatorio en las revisiones migratorias. Ricardo Monreal deberá hilar fino para dirimir esta contradicción.
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Y hablando del Senado de la República, esta semana será de limpieza legislativa, según informó su presidente, Alejandro Armenta, quien habla hasta de 60 minutas “atoradas”, en temas como derechos de las mujeres y de la niñez, economía, seguridad, salud y cuidado del medio ambiente.
Por ejemplo, entre los asuntos que se desahogarán a partir de esta semana, y que se considerarán prioritarios, se encuentran la Ley General de Economía Circular, protección a mujeres víctimas de violencia familiar, derecho de participación de los jóvenes en asuntos públicos, derecho a la desconexión digital y la creación del Programa Nacional de Prevención del Suicidio.
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Y para estar pendientes, esta semana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que preside la ministra Norma Piña, discutirá si la Ley de la Fiscalía General de la República (FGR) que impulsó el fiscal Alejandro Gertz Manero debe permanecer vigente o no.
El asunto se resolverá a casi dos años de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó una acción de inconstitucionalidad para frenar la aplicación de dicha norma por considerar que no protege las garantías básicas de las víctimas.
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Donde se prendieron las alertas fue en nuestra Máxima Casa de Estudios, la UNAM, que preside el rector Enrique Graue, ante la enésima iniciativa, ahora de diputados de Morena, para violentar la autonomía universitaria, cambiar sus estatutos y hacer que el rector sea electo por la comunidad universitaria en votación universal.
Ya hay estudios serios sobre anteriores iniciativas similares, elaborados por varias facultades de la universidad, que serán retomados esta semana para explicar el papel de filtro de la Junta de Gobierno en ese proceso, contra la idea populista de elecciones a mano alzada en un foro público.
