Desde el inicio hasta el final del sexenio de Rutilio Escandón se mantuvo la violencia en Chiapas. En últimos días tsotsiles de la comunidad Tzanembolom en el municipio de Chenalhó tuvieron que caminar para refugiarse en una escuela para evitar quedar atrapados entre disparos de dos grupos armados. La situación de criminalidad en aquel estado del sureste fue tal que, incluso, se planteaba que el morenista dejaría el encargo a mitad de su administración, sin embargo, se ofreció ayuda desde la federación para mantener la gobernabilidad sin muchos resultados positivos, pues hubo incluso municipios que no tuvieron elecciones recientemente por el alto índice de violencia que persiste.
A la sombra…
Los enterados comentan que el gobierno de Guerrero, encabezado por Evelyn Salgado, enfrenta serios problemas financieros. Doce dependencias del gobierno deben dinero a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), destacándose la Secretaría de Educación Guerrero con una deuda de 55 millones de pesos. Además, Guerrero es la entidad con la mayor deuda al ISSSTE, superando los dos mil millones de pesos.
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En este contexto, Fibra Orión, actualmente en litigio contra el gobierno estatal por el presunto rescate de la concesión del Viaducto La Venta-Punta Diamante, ha propuesto una solución. Este tramo ha sido descuidado desde dicho rescate, pero Orión, tras ganar la primera instancia legal, ha ofrecido 500 millones de pesos para apoyar la infraestructura estatal y mejorar el viaducto. A cambio, el gobierno estatal compensaría esta inversión con una extensión de la concesión. Algunos le llaman a esto negocios, pero otros piensan que es abuso. No le pierda la pista a este asunto, puede ser escandaloso.
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Que ciertas dependencias del gobierno aún no comprenden el principio de austeridad republicana indicado por el presidente López Obrador. A pesar del oficio que el titular del Ejecutivo envió en junio pasado a todas las áreas de la Administración Pública Federal, ordenando reducir gastos y evitar nuevas contrataciones o licitaciones para actividades no prioritarias, estas instrucciones no se han seguido al pie de la letra.
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Un ejemplo claro es Diconsa, que adjudicó dos contratos por invitación restringida a la empresa Rubik Constructora S.A. de C.V. por un total de cinco millones de pesos. Estos contratos, destinados a la remodelación de las oficinas de la Dirección General de Diconsa, se ejecutaron el pasado fin de semana.
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Este procedimiento ha generado inquietud en la Secretaría de la Función Pública, ya que no se entiende la justificación para realizar una remodelación de oficinas a dos meses de concluir la actual administración federal, cuando la prioridad debería ser una transición administrativa sin contratiempos. Se comenta que en estas oficinas, ubicadas en el sur de la Ciudad de México, trabaja una influyente política que ordenó la remodelación con la certeza de ser ratificada por el gobierno entrante de la doctora Claudia Sheinbaum. Así se manifiestan las proyecciones políticas en el gobierno federal.