El 6 de enero de 2021, cientos de manifestantes irrumpieron en el Capitolio estadounidense, situado en la ciudad de Washington D. C., sede del Congreso de la Unión Americana, con el propósito de impedir que se realizara la sesión del Senado en la cual sería certificada la victoria electoral del actual presidente Joe Biden.
El hecho fue lamentable no sólo por la pérdida de cinco vidas y que resultaron heridas más de cien personas, sino también porque la democracia como forma de gobierno lato sensu vivió uno de sus días más difíciles en la historia contemporánea.
El asalto al Capitolio no fue un hecho aislado en el mundo. Los ataques o asedios a los parlamentos nacionales se han vuelto relativamente comunes en años recientes.
En octubre de 1999, un grupo de hombres armados y a ráfagas de fusil de asalto irrumpió en la sesión del Parlamento de Armenia, liquidando al presidente de éste, Karén Demirchián, y a sus dos vicepresidentes, así como al entonces primer ministro, Vazguén Sarkisián.
En marzo de 2014, alrededor de 200 personas atacaron la sede del Parlamento de Taiwán, hiriendo a 38 policías.
En julio de 2017, un grupo de personas ingresó por la fuerza a la Asamblea Nacional venezolana, causando heridas a algunos diputados.
En julio de 2019 se realizó un asalto al Parlamento de Hong Kong. La manifestación por el aniversario de la cesión británica de esta región a China concluyó en una revuelta en la que cientos de jóvenes entraron por la fuerza al recinto legislativo.
En agosto de 2020, ultraderechistas llevaron a cabo un amago de asalto a la sede del Parlamento alemán, después de una manifestación en contra de las restricciones por la pandemia.
En noviembre de 2020, cientos de manifestantes irrumpieron en el Congreso de Guatemala, prendiendo fuego a varias oficinas, en rechazo al denominado Pacto de Corruptos, una alianza entre la clase política, un sector de la iniciativa privada y las mafias del narcotráfico en aquel país, ante la aprobación de un presupuesto que beneficiaría los intereses particulares de las mafias en el poder, en lugar de atender las necesidades de la población.
En este contexto, y a poco más de un año del asalto al Capitolio, en muchas partes del mundo la democracia se encuentra cuestionada, debilitada, vulnerada por tendencias extremistas, una crisis de representación que no deja de progresar, medidas o acciones autoritarias en el ejercicio del poder, la prevalencia de poderes fácticos en la toma de las decisiones políticas, sistemas y procesos electorales arcaicos o cuestionados, demagogia y corrupción, entre otros factores.
Las diferentes irrupciones a múltiples parlamentos no son resultado de la casualidad, sino de la causalidad. Si los regímenes políticos no son capaces de procesar las demandas ciudadanas, la democracia se fragiliza.
La reivindicación, el fortalecimiento y la puesta en práctica permanente de los valores y pilares de la democracia, como el Estado de derecho; la separación de poderes; la libertad de prensa; elecciones libres, universales y periódicas; la alternancia regular en el poder; la participación ciudadana en la toma de decisiones políticas y, en fin, todo lo que la conforma y enriquece, sin duda constituyen acciones que la hacen, o no, un sistema por medio del cual se pueden resolver las naturales diferencias políticas e ideológicas consustanciales a cualquier sociedad, así como brindar una solución pacífica y consensuada a los desafíos de gobernabilidad.
Resulta sintomático que a un año del asalto al Capitolio todavía un 70 por ciento de simpatizantes del Partido Republicano considere que existió fraude en las elecciones presidenciales de 2020, y que el actual jefe de Estado no es un presidente legítimo.
En este sentido, tanto el asalto al Capitolio como las irrupciones en otros parlamentos alrededor del mundo nos recuerdan que la democracia es un proceso y un bien que se debe fortalecer, actualizar y cultivar de manera permanente en beneficio de todas y de todos.
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