Cuando tuve la oportunidad, hace algunos años, de encabezar una organización civil enfocada a la atención a víctimas del delito, identificamos el surgimiento de varias modalidades de extorsión como el principal delito que afectaba a los mexicanos en ese momento.
No era para menos. Cada crimen tiene una lógica; y quienes lo cometen, un entrenamiento. Existen delitos más complejos que otros y la dificultad reside en dos factores: el valor del botín y el riesgo. La extorsión telefónica, por ejemplo, unía dos circunstancias casi imposibles a través del uso de la tecnología, bajo riesgo y ganancias altas.
Hace década y media, nacieron los primeros modus operandi. En temporadas de vacaciones, las llamadas eran de un “pariente” (sobrino, sobrina, tía, tío) que se encontraba en problemas con la policía o venía a visitar por sorpresa a la víctima. Poco después se popularizó la llamada de auxilio de un ser querido que falsamente había sido secuestrado y, casi al mismo tiempo, un supuesto premio que debía ser cobrado con urgencia a cambio de depositar una cantidad por “gastos del sorteo”.
Los grupos de delincuentes dedicados a este crimen podía marcar números durante turnos de 12 horas y desde sitios remotos o de centro de readaptación social en todo el país. A diferencia de otros delitos, éste era más barato, el dinero llegaba rápido y, a través del miedo, se aislaba a las víctimas por medio de la voz entrenada del criminal.
Comparto casos que, seguramente, son familiares para muchos: un ejecutivo bancario que creyó estar amenazado por una banda criminal, pero no pudo hacer el depósito que le demandaban en tres sucursales de la misma institución para la que trabajaba, porque en una no hubo sistema, en otra el cajero no funcionaba y, en la tercera, llegó al momento del cierre. Los tres delincuentes con los que habló lo hicieron adquirir, en su lugar, teléfonos celulares, tenis deportivos de colección y ropa de marca. Un cómplice lo espero afuera de una estación del Metro de la Ciudad de México para llevarse la mercancía en bolsas de plástico negras.
O un extorsionador solitario que se hizo pasar por un integrante de un cártel y estaba “recolectando fondos” para ayudar a que el líder de éste pudiera huir del país. Intervenida la llamada por las autoridades, hicieron un cateo en el domicilio desde donde trabajaba para encontrar a un delincuente en ropa interior, mirando la televisión, con media docena de teléfonos móviles en una mesita de sala. En la adrenalina del operativo, confesó que era un simulador y pedía que no lo delataran a integrantes reales de ese grupo por miedo a las represalias. En unas cuantas semanas había ganado, en efectivo, el equivalente a un salario de director general de una empresa mexicana grande. Cuando decidió, por precaución, abrir una cuenta bancaria para proteger parte de sus ganancias, el gerente en persona lo ayudó con el papeleo y le recibió una maleta deportiva con varios fajos de billetes sin hacer preguntas.
Ante el combate de un delito que no cede, por modalidades que han adoptado bandas criminales al no poder cometer otros, el Gobierno de México ha presentado una iniciativa de ley para que la extorsión sea considerada delito grave o de alto impacto. En enero del presente año, este tipo de crimen tuvo un aumento de 7.7 por ciento, comparado con el mismo mes del 2023, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Como está actualmente la Ley contra la Delincuencia Organizada no permite la persecución efectiva de los extorsionadores, lo que ocasiona que se les libere rápidamente.
Ya sea por medio de un teléfono móvil, por amenazas directas, mediante choques provocados entre automóviles (“montachoques”), deudas adquiridas que se vuelven impagables (“montadeudas”), cobro de supuesta morosidad bancaria, y el temible “cobro de piso”, entre otros modus operandi, están contemplados en la propuesta de modificación a la ley y en el cambio constitucional para establecer la gravedad de ese crimen.
La iniciativa sanciona los modos específicos y endurece las penas para evitar que los presuntos responsables logren evadir la justicia. Habrá, además, la unificación de los tipos penales a nivel nacional y mecanismos de reparación del daño a las víctimas, muchas que hoy están en a indefensión porque son sujetas a un engaño producido por el miedo y la violencia, fuerzas poderosas cuando no estamos prevenidos.
Como sociedad debemos respaldar esta propuesta y los cambios legales que contempla. La extorsión es un delito que entre todos podemos reducir, pero llegó el momento de cerrarle el paso a las bandas que han convertido este crimen en un lucrativo negocio, amparado en un marco legal débil y en una gran capacidad para atemorizar a personas de bien. Es lo que nos toca.
