La presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de Reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en donde propone “rebautizar” a la Secretaría de la Función Pública para ponerle el nombre de Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
La “rebautizada” ejercerá, entre otras cosas, atribuciones de “acceso a la información pública, la rendición de cuentas y protección de datos personales”, establecerá políticas y normativas para determinar “la información de interés público que se deba difundir proactivamente”. Con ello también, el INAI pasó a mejor vida luego de que el gobierno de la Cuarta Transformación y la misma presidenta Sheinbaum descubrieron que ese organismo regulador, que fue creado para coadyuvar a combatir la corrupción, “en sí mismo tiene muchos problemas de corrupción en su interior”. ¿Será cierto?
Al inicio de su gobierno, Andrés Manuel López Obrador prometió poner fin al tráfico de influencias, al conflicto de intereses, al fraude a la hacienda pública, a la impunidad, al contubernio de los funcionarios públicos con los huachicoleros a los moches, a la compra de votos, a los cochupos, a las transas en las licitaciones de obra pública… en fin, a todas esas prácticas corruptas que se volvieron costumbre, por no decir que se convirtieron en “deporte nacional”, y que fueron solapadas por algunas instituciones de la República, incluyendo aquellas que se crearon para combatir el flagelo y para cortarle las uñas de las manos y de las patas a los funcionarios públicos, como la Secretaría de la Contraloría.
A pesar de que casi a diario López Obrador presumía que el combate al flagelo era un éxito, porque según él se hacía como se barren las escaleras: de arriba para abajo”, a varios funcionarios de su gobierno les empezaron a crecer las uñas y les aparecieron en el cuerpo “manchas” que confirmaban que la corrupción los había invadido. ¡Pero con el tiempo se les quitan! Trataba de convencer al respetable.
Desde su creación en el sexenio de Miguel de la Madrid, la Secretaría de la Contraloría con sus varias “rebautizadas” fue una vergüenza para los sucesivos gobiernos priistas, panistas y también morenistas. Siete presidentes de la República entre 1983 y 2024 solaparon numerosos actos de corrupción de sus funcionarios. Y en ocasiones, en lugar de sancionar sus pillerías los premiaban. Fueron notables y notorios los actos de corrupción que se cometieron en los sexenios de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, y ahí están los expedientes.
La presidenta Claudia Sheinbaum considera que con el simple cambio de nombre a la dependencia conseguirá lo que sus antecesores no pudieron: Erradicar la corrupción. ¿Hará el milagro Raquel Buenrostro, quien se hará cargo de la “rebautizada”? ¡Misión imposible! Exclaman los estudiosos del flagelo, pues en la opinión pública y en la sociedad siempre existió la percepción – que con el paso de los años se convirtió en realidad --de que la multicitada secretaría se convirtió en un nido de corrupción y “tapadera” de funcionarios públicos que cometieron muchas fechorías.
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