Existe una norma oficial mexicana que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales, esta norma oficial mexicana, es aplicable para todos los usuarios de agua, hoy se pretende realizar una modificación para establecer la NOM-001 SEMARNAT-2021 y que como parte del proceso esta norma fue unilateralmente aprobada, con votos en contra de la industria privada, de Petróleos Mexicanos (Pemex) de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y abstención de la Secretaria de Marina ( SEMAR), no se tomó en cuenta la participación de los regulados en materia técnica y económica, ni siquiera para fijar el plazo de la implementación y la entrada en vigor, lo que contraviene el espíritu y letra de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
La propuesta de la Nueva Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-2021, considera parámetros excesivos, que a nivel internacional no son contemplados, contraviene algunas disposiciones legales existentes en nuestro país y contravienen y/o violan tratados internacionales como el T-MEC.
Pero fuera de lo que establecen estos parámetros, la publicación de esta norma afectará severamente en materia económica a todos los usuarios de agua (productores agropecuarios, organismos operadores de agua e industria privada y pública), al tener que modificar o sustituir las plantas que operan conforme a la norma 001 vigente y quienes carecen de plantas de tratamiento tendrán que instalarlas, lo que en todo caso implicará costos adicionales muy importantes que se verán repercutidos en el precio de los productos agrícolas, industriales, mayores tarifas eléctricas y en los productos derivados del petróleo, así como en las tarifas del servicio de agua potable y saneamiento municipales, intermunicipales y estatales, sin mencionar que el plazo fijado de un año para la entrada en vigor es claramente insuficiente para los trabajos de logística, ingeniería y construcción para la adecuación de miles de plantas de tratamiento industriales, estatales y municipales, a lo largo y ancho del país.
Sabemos que comunidades más limpias, generan sociedades más saludables y hay conciencia de que las normas vigentes son susceptibles de mejora, más sin embargo en su proceso deben tomarse en cuenta los estudios y la información de soporte que demuestre una viabilidad económica, financiera, técnica y científica que permita transitar hacia modelos productivos más armónicos con el medio ambiente y el cuidado de los recursos naturales.
Existe una nueva dimensión social de las empresas y esto ha sido parte de un proceso, de irse adaptando a las condiciones que hoy el mundo exige, midiendo los impactos de las medidas que se traten de establecer; las empresas y los sectores productivos están comprometidos no solo con el desarrollo económico y los empleos que estos generan, de igual manera comprometidos en el cumplimiento de las diferentes obligaciones que están establecidas, con su entorno y con el progreso social.
Preocupa que la implementación de esta nueva norma, cuyo objetivo y principio es loable, considere impactos negativos por la excesiva carga económica que implicará para todos los usuarios, invariablemente se afectaran a las empresas, pero más preocupante el impacto que tendrá en los consumidores por el alza en los precios de sus productos y servicios, en momentos en donde tan importante es el reforzar las medidas para el cuidado y protección del medio ambiente pero también en lo que debemos hacer para lograr la reactivación económica de nuestro País.
Por querer mejorar el sistema de descargas residuales, sin tomar en cuenta los verdaderos impactos que esto tendrá en el corto y mediano plazo para todos, provocará reacciones negativas ante la imposición sin obtener los beneficios de una regulación que sea equilibrada para su cumplimiento y los objetivos esperados.
Ing. Luis Fernando Haro Encinas
Director General del Consejo Nacional Agropecuario
