La compra de la refinería de Deer Park se va a convertir en un escándalo que provocará que más de un funcionario público termine en la cárcel si finalmente se cierra la operación hacia finales de año.
Desde Pemex se han lanzado varias alertas: los abogados, contralores, financieros de segundo nivel están advirtiendo a sus jefes de los problemas que implica la operación. Los memorandos han volado de oficina en oficina y se han perdido en la burocracia; el chiste es cubrirse el trasero para cuando llegue el nuevo gobierno y se vaya la gente de Octavio Romero Oropeza, actual director de la petrolera.
Es más, todos los consejeros de Pemex se enteraron hora antes del anuncio, la noche anterior y la orden fue callar, no hacer ruido, no decir nada. Incluso la secretaria de Energía, Rocío Nahle, se enteró al final.
Las auditorias que se deberán de hacer para analizar el pago por Deer Park van a incluir desde las autorizaciones que se hicieron, las instrucciones que se giraron, las responsabilidades que se van a tener que asumir en el corto, mediano y largo plazo.
En el corto plazo hay otros temas. A pesar de que al presidente Andrés Manuel López Obrador no le gusta la idea, Pemex tiene que dar explicaciones, rendir cuentas, ofrecer pruebas de que están haciendo las cosas bien tanto en la Bolsa Mexicana de Valores como en el mercado de Nueva York donde los analistas se siguen preguntando sobre cuál es el estatus de la operación.
AMLO debe rendir cuentas sobre la compra de Deer Park, su gobierno tiene que explicar qué hizo y cómo lo hizo.
Hasta ahora lo que se sabe es que fue un asunto decidido entre el presidente y el director de Pemex sin pasar por el Consejo de Administración; hoy mismo la secretaría de Energía, Rocío Nahle; no tiene mayor detalle de lo que ocurrió en la empresa productiva del Estado donde ella es Presidente de Consejo. Los consejeros independientes están replegados, silenciosos y con preguntas en corto.
¿Son o no responsables ellos de la operación? ¿Legalmente qué riesgos corren? ¿Hay conductas antijurídicas? ¿Se siguieron o no los procesos de valuación? ¿Y el due diligence? ¿si lo hicieron o no? ¿Dónde está?
Se han dicho -inventado es la palabra correcta- que hubo una reunión extraordinaria del Consejo de Administración de Pemex en donde incluso estuvo el Presidente, que no tiene un asiento ahí porque no es parte del mismo; pero hasta ahora no hay nada al respecto, si aparece un documento por ahí dando a conocer esos acuerdos deberá ser analizado por la siguiente administración porque, la realidad, es que hasta ahora existe solo en su versión.
La única información oficial vertida en esta operación proviene de Shell que no se compromete en nada.
Huibert Vigeveno, director de downstream de Shell, lo da a conocer de esta manera: Es una oferta no solicitada, está en proceso de revisión, continuará trabajando con Pemex de manera integrada y la contraprestación es por 596 millones de dólares, que es una combinación de efectivo y deuda, más el valor del inventario de hidrocarburos. Con eso Shell cumple con sus buenas prácticas; pero en México el presidente habla como si fuera un hecho, aunque en realidad, hasta ahora, no hay nada.
¿Qué le preocupa a los consejeros? Pues desde el origen del dinero hasta el monto de la deuda que implica y las autorizaciones correspondientes. O sea, todo.
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