@ebuendiaz

México tiene un gobierno autoritario. Ello se hace evidente cuando, entre otras conductas, se castiga desde el poder a personas e instituciones que actúan conforme a sus atribuciones constitucionales y no a partir de caprichos presidenciales. También se hace evidente cuando a partir de actos legislativos, obviamente con la anuencia del presidente de la República, se afectan derechos de las personas. Hoy el autoritarismo está recayendo sobre el Poder Judicial de la Federación (PJF).

¿Esa actitud autoritaria es novedosa? Definitivamente no. Basta recordar lo que se intentó contra el INAI y el INE. En el caso de la autoridad electoral le impusieron recortes presupuestales desmedidos; se buscó afectar los derechos laborales del personal; hubo ataques desde las conferencias mañaneras al entonces presidente de la institución; se difundió desinformación sobre el funcionamiento del INE y se llegó al extremo de presentar denuncias penales contra consejeras y consejeros electorales por el ejercicio de su función.

La razón que justificó dicho actuar autoritario fue que la autoridad electoral no se sujetó a los deseos e intereses del poder en turno. Seamos claros: en México aplicar la Constitución y la ley tiene un costo.

Hoy la historia se repite. El PJF es incómodo por naturaleza al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. Por mandato constitucional tiene la atribución de revisar los actos de los otros poderes de la República y, en caso de que éstos sean contrarios a derecho, evidentemente serán revocados.

En los últimos meses, el PJF ha emitido diversas resoluciones en las que ha hecho prevalecer la Constitución y las leyes y, en consecuencia, ha dado marcha atrás a actos legislativos y decisiones presidenciales. En otras palabras, ha cumplido con la función constitucional que tiene. No más ni menos.

Frente a dichas decisiones, el gobierno y Morena en el Congreso de la Unión han desinformado sobre las resoluciones del PJF. Sin importar las razones que contienen, desde el poder se han descalificado públicamente a jueces federales y a ministros de la SCJN por no haberse apegado a los deseos del gobierno. A través de dichos ataques se busca sembrar la idea que hay corrupción detrás de las decisiones y con ello afectar la confianza ciudadana en el sistema de impartición de justicia.

De hecho, es tanta la molestia que han generado las sentencias que el martes pasado el Senado aprobó una reforma legal en la que eliminan los fideicomisos que tiene el PJF.

Bajo la idea de una austeridad falsa, con la reforma se dañan los derechos de las y los trabajadores, así como al correcto funcionamiento de todo un poder de la República. El Ejecutivo y Morena en el Congreso han aplicado un castigo al sistema de impartición de justicia del país. Todo, por no ser cómplices en las decisiones gubernamentales y legislativas.

Los gobiernos autoritarios son alérgicos al equilibrio constitucional y a la protección a los derechos fundamentales de las personas. No cabe duda que toda institución pública siempre puede mejorar y el PJF no es la excepción. Para ello son necesarios los diagnósticos objetivos, lo que significa que los cambios no pueden ser producto de venganzas políticas. Hoy más que nunca debemos solidarizarnos con el PJF y reprochar públicamente los actos que se dirigen a afectarlo, pues al final todas y todos viviremos las consecuencias.

*Maestro en democracia y derechos humanos.