En la democracia la legalidad constitucional se alcanza con el voto en las urnas. Pero la legitimidad de un gobierno se obtiene mediante la interpretación permanente de la voluntad y las demandas de toda la población. La democracia es un referéndum continuo, según lo define el filósofo alemán Friedrich von Hayek en su ensayo de los años treinta del siglo pasado sobre la libertad. De no ceñirse a la voluntad de la ciudadanía, lejos de legitimarse los gobiernos caen en la tentación del autoritarismo que conduce a la dictadura.
De las rispideces de diez y ocho años de campaña hacia la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador pasa a la exposición pública de algunos de los programas y políticas públicas que se propone poner en vigor desde el comienzo de su gestión. Hacer las paces con el sector empresarial al que en la conquista del voto llamó minoría rapaz, es uno de los cambios que el candidato exhibe al asegurar el mantenimiento de la disciplina fiscal y apuntar la tranquilidad con la que la iniciativa privada debe ver a su inminente gobierno.
Al mismo tiempo, el candidato triunfador en las elecciones saca a la luz pública –y se supone que al debate—algunas de las propuestas formuladas durante el proceso electoral. Parecería que López Obrador abre la puerta al análisis y la discusión de las políticas de su administración. No en todas ellas se refleja una voluntad de auscultar y escuchar la voz del conjunto de la población. Surgido de un partido de carácter unipersonal, algunas de las propuestas de López Obrador reflejan una naturaleza vertical.
Unipersonal, voluntarista, ejemplo de esa verticalidad es el proyecto para la supresión de los delegados de las diferentes dependencias del Ejecutivo para concentrar el control del presidente de la República con el nombramiento de un coordinador que lo represente a él y a nadie más ante las 32 entidades que integran el Pacto Federal. Surgida desde la época colonial, la figura del encomendero que no representaba sino directamente a la corona y a la persona del rey, el jefe político cobró fuerza del poder omnímodo del presidente en la dictadura de Porfirio Díaz. Como enviado personal del dictador, como ahora lo quiere el futuro presidente de la República, el jefe político anuló toda autoridad de los gobernadores de los estados con un poder, aunque delegado, absoluto y cuya permanencia y abuso fue una de las causas del comienzo de la Revolución en 1910 y de las grandes transformaciones del movimiento social que precisó el sistema federal y la autonomía de los estados y los municipios.
Otras determinaciones anunciadas en el compás entre la jornada electoral y la toma de posesión del nuevo gobierno, son igualmente secuelas de los lemas de campaña al gusto de las galerías y la fácil censura a la clase política y a la administración, pero no necesariamente congruentes con la realidad, la viabilidad y la razón del cambio propuesto. Desconcentrar la administración a un exagerado costo económico y social; empobrecer y minimizar la administración con recortes a voluntad, son otras de las medidas que la próxima administración anuncia y que deberían ser objeto de un análisis y una discusión profunda sobre su conveniencia.
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