El camino al domingo 1º. de junio de 2025, para la elección de ministros, magistrados y jueces ya inició, comienzan a darse los primeros pasos, al día de hoy, lo único que se percibe es indefinición jurídica y señales encontradas entre la mayoría oficialista y el poder Ejecutivo. Lo que es motivo de comentario especial, ya que, a pesar de tener todo el poder, pareciera que la coordinación que de manera natural debiera existir, no se percibe.
No obstante, la reforma constitucional en materia judicial para elegir juzgadores por voto popular sigue su curso y no tiene freno, no importa que haya órdenes dictadas por jueces de amparo para suspenderla, enfrentamiento entre poderes, manifestaciones de trabajadores y un paro laboral en el poder judicial federal (PJF). Va porque va.
Las prisas no han sido algo bueno para el Congreso y lo dejan mal parado, por eso se ha anunciado que un grupo técnico está revisando la reforma judicial para hacer las adecuaciones correspondientes, no sólo a la Constitución, sino las reservas que se están presentando a las leyes de instituciones y procedimientos electorales y a la de medios de impugnación en materia electoral. Esto ha acrecentado las dudas sobre el éxito que pueda tener el proceso electoral extraordinario para elegir juzgadores.
Por lo visto armar un modelo electoral para comicios judiciales, no está resultando fácil, al grado que, al analizar las iniciativas de leyes secundarias, los legisladores del partido oficialista están remitiendo todo a la cancha del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral, al considerarlo especializados en la materia; pero también, es cierto, el Legislativo está claudicando a su función primordial que es hacer leyes.
También hay que mirarse en el espejo de Bolivia y en el actuar propio con autocrítica, apenas en dicho país sudamericano, se presentaron 10 papeletas para votar por 27 cargos, en México se quieren elegir a la mitad del PJF que serían como entre 700 y 800 cargos ¿Cuántas boletas necesitaremos? ¿En realidad los ciudadanos acudirán a esta elección o habrá abstencionismo como ha ocurrido en Bolivia? Mientras tanto en México, apenas estamos aprobando las leyes secundarias de ese proceso, incluso con la posibilidad de corregir la reforma constitucional, y la autoridad electoral con más dudas que certezas.
Seamos realistas el costo de esta democratización del Poder Judicial será enorme y a pesar de contar con los tiempos oficiales gratuitos (48 minutos para una elección) se ve sumamente complejo su distribución entre cientos de candidatos que en 60 días tienen que conquistar el voto popular.
Pero no para ahí, viene el registro, la ubicación de casillas, la insaculación de ciudadanos para ser parte de las mesas directivas de casilla, capacitarlos, en un conteo de votos que se ve notoriamente monstruoso y no se trata de alejar a los votantes -como dicen algunos- simple y llanamente, tener claro que el oficialismo metió a las autoridades electorales en una prueba de fuego.
