A medida que avanza el proceso de consulta para la reforma al Poder Judicial, se va observando el bosque completo de sus implicaciones, costo y complejidades; si se piensa que sólo es reformar la constitución con base en la iniciativa presidencial, podría ser parcialmente cierto, si en una serie de artículos transitorios – más de los once que trae – se tendría que especificar a detalle no sólo la elección popular sino la forma de implementarla.
Desde el punto de vista jurídico no es lo más propio, más ya lo hemos visto desde épocas anteriores, qué cuando hay prisa todo cabe en la Constitución, el clásico “cajón de sastre” en el lenguaje parlamentario.
Empecemos por lo complejo, implica refundar uno de los tres poderes de la Unión y el poder judicial en las 32 entidades federativas; se modificarian la Constitución Federal y las de los Estados, así como leyes federales y locales que tengan que ver con el Poder Judicial.
A nivel federal serian sustancialmente una decena de leyes, entre ellas la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, Reglamento del Senado de la República, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, por citar algunas. Si no hacen una reforma integral, habrá lagunas y contradicciones que abonen a los conflictos y a una mala administración de justicia.
En cuanto al costo: la elección del 2 de junio pasado para elegir a poco mas de 20 mil cargos populares se estimó un gasto de 60.4 mil millones de pesos (mmdp), lo que equivale a 620.3 pesos por elector. Ahora bien, de acuerdo al INEGI, en México habría 1,650 juzgadores federales y 5,750 locales, en total 7,400 cargos a elegir; se entiende que hay diferencias en cada proceso electivo, el político y el judicial.
Mientras se conoce la cifra las especulaciones han comenzado, al grado que han manifestado montos encontrados los propios miembros del partido gobernante, y el INE manifestó que no ha realizado proyección alguna sobre el costo de implementar dicha reforma.
En Bolivia -ejemplo insignia de la reforma mexicana- sólo se elige a la cupula judicial y preven gastar 480 millones de pesos mexicanos para elegir solamente a 26 juzgadores, que de acuerdo a especialistas y comunicólogos de ese país, el modelo de elección popular de juzgadores sólo crea malos jueces, control político sobre los mismos y conflictos políticos constitucionales.
En México en aras de perfeccionar o reformar algún rubro de la vida nacional, siempre se esboza que es por la democracia; pero, el proceso de democratización de un país tiene que abordarse desde una perspectiva global, pues las variables que en el intervienen son de muy diversa naturaleza, por tanto, no es tarea sencilla de realizar y son muy grandes las complejidades, y es algo que deben entender los gobernantes, no es cosa fácil.
