En México estamos en la discusión sobre la eliminación de los órganos constitucionales autónomos a propuesta de la 4T, lo justifican diciendo que: salen muy caros, que se debilita al Estado, que son instituciones creadas por el neoliberalismo para su servicio y no responden a los intereses del pueblo.
La extinción de estos órganos ya se aprobó en comisiones en la Cámara de Diputados, de poco valieron los argumentos que razonaban sobre la necesidad de contar con órganos técnicos especializados e independientes de políticas sexenales, lo que fortalece el equilibrio de poderes; que garantizan las libertades de expresión, de acceso a la información y la competencia económica. También echaron por la borda la existencia de tratados internacionales que justifican su existencia; las opiniones de organizaciones y de nuestros principales socios comerciales, el nerviosismo de los mercados dejando en volatilidad el precio del dólar y el retiro de inversiones.
Apenas la semana pasada se observó un ejemplo de autonomía e independencia de un órgano regulador ante el poder político, sucedió en Estados Unidos: dentro de la contienda electoral en ese país entre demócratas y republicanos, hubo llamamientos políticos para que la Federal Communications Commission (FCC) revoque concesiones de radio y televisión porque a algunos políticos no les gusta la cobertura y los acusan de adversarios a los medios de comunicación tradicionales.
Ante lo anterior, la FCC que es el órgano regulador de las telecomunicaciones y radiodifusión en ese país, por conducto de su presidencia mencionó que la Comisión no revoca licencias de estaciones de radiodifusión simplemente porque un candidato político no está de acuerdo o no le gusta el contenido o la cobertura que dan los medios de comunicación. El trabajo de la FCC es otorgar licencias a las estaciones de conformidad con su marco legal.
La respuesta fue puntual, constituye un ejemplo de equilibrio de poderes y se basa en un principio democrático: garantizar la libertad de expresión y opiniones dentro de una contienda electoral, donde no exista injerencia o estigmatismos contra la radio y televisión.
Los medios de comunicación tienen como una de sus misiones informar sobre hechos que acontecen en la vida pública, para generar conciencia social, y cualquier gobierno que se considere democrático debe entenderlo y aceptar que existe el derecho a disentir.
En ese tenor, hay que hacer un nuevo llamado a analizar y debatir sobre las instituciones autónomas, si hay algún error o deficiencia, que se diagnostique y se corrija o de plano, se modifiquen o sustituyan, pero con sustento, no por razones ideológicas; las libertades constitucionales e instituciones nos pertenecen a todos, no a un partido o gobierno.
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