Abordar la relación Estado-Medios puede ser tratada desde diversos enfoques, ya sea desde el tipo de sistema político, el respeto a las libertades de expresión y prensa, la protección a periodistas y hasta se menciona el gasto en comunicación social gubernamental. Es evidente que cada parte tiene una misión el Estado la de regular (ciertos tipos de medios) como garantizar el desarrollo de la actividad periodística; en cambio, los medios es informar y opinar.

El entorno político actual del país se ha implementado un oficialismo (partido- presidencia) que viene a reestructurar la relación. Con las reformas constitucionales que están en curso, en particular, la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica, según las reservas que hasta ahora –seguro se aprobarán- se conocen muestran una mezcla de facultades distribuidas entre diversas dependencias.

De esa manera, el sector telecomunicaciones y radiodifusión quedará a cargo de la nueva Agencia de Tecnología Digital y Telecomunicaciones; la Autoridad en competencia (aún sin nombre); la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; Secretaría de Economía y la Secretaría de Gobernación (que ha mantenido). Sólo que el diablo está en los detalles, ya veremos los ajustes a otras leyes secundarias, que podrían acabar en contradicciones y, por ende, litigios.

Las libertades de expresión y prensa -hoy en día- en México, son también objeto de reflexión, en el Foro organizado por Alianza de Medios MX, durante el panel “Ser periodista en México: derechos pendientes” Martha Ramos, presidenta de la Alianza señaló: "No es callando periodistas como se va a dejar de informar".

En dicho Foro también se apuntó, que las autoridades ocupan mayor tiempo y recursos en atacar a ciertos medios o periodistas. La realidad nutre de ejemplos, apenas hubo un polémico desplegado de la CNDH contra un artículo periodístico.

Si bien en México existe un mecanismo de protección para periodistas, se requiere perfeccionarlo -quizá- viendo otros ejemplos internacionales y adecuarlo a nuestra realidad; en materia de recursos, como dato, para 2025 se prevén 590.8 millones de pesos para la Dirección General para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, un 0.15 por ciento menos con relación a este año.

La publicidad gubernamental tiene sus aristas, por el lado que se le quiera ver, en un extremo se estima que es parte del deber de informar y para otros la forma de “controlar” medios. En este primer presupuesto de la nueva administración se redujo un 20% respecto de 2024, para pasar de 3,748 mdp a 3,048 mdp. En términos de porcentaje del PEF total, en 2025 el gasto de comunicación social es del 0.03%, similar a los años 2021, 2022 y 2023; es decir, se sigue la inercia.

Resulta oportuno señalar que el gasto para publicidad oficial debe “necesariamente disminuir la discrecionalidad de los funcionarios públicos para efectuar esa distribución” de tal manera que los fondos públicos no sean utilizados para restringir la libertad de expresión, que es lo que se apela.