El mandato de las urnas fue claro el pasado domingo 2 de junio, dar el respaldo a un solo partido y sus aliados, al frente del Poder Ejecutivo, el control del Congreso de la Unión, la mayoría de las gubernaturas, Congresos locales y ahora van por el Poder Judicial de la Federación (PJF). No es una puntada, el planteamiento viene desde febrero de este año, los integrantes de dicho poder van a las urnas.
La “prisa” que hay desde la Presidencia, no es menor, busca entre otras cosas dos puntos: aprovechar el “bono” electoral de 35 millones de votos que le dan un respaldo a su gobierno y movimiento; pero también, cumplir su anhelo de ser un presidente transformador para pasar a la historia, como “uno de los héroes que nos dieron patria”, tal y como nos enseñaban en las escuelas públicas en los años setenta.
La anunciada reforma constitucional al PJF -en estos momentos- está afectando la paridad peso-dólar, tiene “nerviosos” a los mercados y ya el gobierno de Estados Unidos recordó lo pactado en el TMEC, pero también impactará al sector de telecomunicaciones y radiodifusión, con motivo de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelve acciones y controversias constitucionales en estas materias, así como por la modificación a la integración y estructura de los tribunales especializados en dichos sectores.
Una reforma así no ayuda en nada a la inversión en telecomunicaciones, de por sí en 2023 la inversión extranjera directa en el sector fue negativa, de -947.6 millones de dólares, y ha tenido una tendencia a la baja durante este régimen.
Pero de antemano – se sabe- que nada de esto le importa al régimen actual, o es su voluntad o nada.
El eje estructural de la reforma al poder judicial es la elección popular de ministros, magistrados y jueces, a partir de la presunción de que es imparcial, sólo beneficia a los “ricos” y deja libre a delincuentes. De esta manera se estima que los comicios judiciales estarían enfocados a una elección de 1688 cargos federales; además habría que considerar la elección de casi 4 mil órganos jurisdiccionales locales.
Hay muchas dudas en cuanto a la organización del proceso electivo, ya que no sólo bastaría con una reforma constitucional, sino también a leyes secundarias o acaso van a crear una ley electoral para el poder judicial.
Pero uno de los aspectos más importantes tiene que ver con el financiamiento, ya que no habrá recursos públicos ni privados, entonces, ¿cómo conocer a los futuros juzgadores? ¿cuáles serían sus propuestas? ¿cada “candidato” va a poner de su dinero?, aquí es donde la fiscalización debe ser estricta, no faltarán los “padrinos”, sobre todo la delincuencia organizada, y dicen “el que paga manda”.
En fin, la era de la hegemonía del poder está de regreso.