Todo parece indicar que habrá una nueva estación de AM (amplitud modulada) en la Ciudad de México y sus alrededores, pero no será un esfuerzo empresarial, sino que se fondeará con recursos públicos -con nuestros impuestos- y pretenderá ser una alternativa informativa en una metrópolis que ya tiene una multitud de estaciones de radio y con pleno acceso a diversos medios digitales.
Le explico, esta semana trascendió que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) aprobó la asignación de una frecuencia de radio AM a favor del Congreso de la Unión; si bien es necesario conocer y que se difunda la labor de los legisladores, el proyecto ha generado múltiples comentarios en cuanto los retos e implicaciones que tendrá.
En principio, se trataría de una concesión de uso público, por lo esta nueva estación deberá tener fines institucionales, no partidistas, y deberá transmitir información imparcial y objetiva, así como dar espacio a la expresión de la diversidad y pluralidad de opiniones que fortalezcan la democracia, en otras palabras, se debe evitar que sea una oportunidad de negocio indebido, donde se usen recursos públicos para equipar una estación de radio que después deje de funcionar, ya sea por lo costoso de su operación y/o porque no tenga ningún atractivo su funcionamiento.
Por lo que toca a retos técnicos: se encuentran el lugar y la instalación de la antena, hay escasez de terrenos en CDMX aunque podría subarrendar o compartir infraestructura de otros concesionarios, o bien tratar de utilizar la infraestructura del Canal del Congreso, además de afrontar la saturación de radio señales en el Valle de México; trascendió que tendrá una cobertura de 50 kilómetros (área metropolitana CDMX) con 25 millones de potenciales radioescuchas, lo que no quiere decir que tendrá esa audiencia, de acuerdo al último reporte de niveles de audiencia del IFT en la CDMX las estaciones más escuchadas son aquellas que transmiten música grupera/tropical, baladas en español y noticias, ¿alguien deseará escuchar a los políticos en su faceta legislativa?
En cuanto a lo económico: ¿Cuánto nos costará? No se sabe, lo que tenemos es un contexto de austeridad, ya lo sabremos en el presupuesto del 2025, como mera referencia: el Canal de Televisión del Congreso actualmente tiene un presupuesto de 202 millones de pesos (mdp), el IMER 191.4 mdp y Radio Educación 86.5 mdp, por lo que considerando los gastos iniciales de instalación podría ser algo superior a lo que reciben estos medios públicos.
Pero en México, la miopía legislativa y el ego del político, es tan grande, que desconocen que es urgente impulsar una reforma legal o gestionar una política pública que promueva la existencia de receptores (radios) y así, tendrían mayor audiencia e impulsarían a un sector de la radiodifusión que lucha por seguir transmitiendo.
