Es incuestionable que difícilmente podría conocerse la realidad política que prevalece en el país, si prescindiéramos de la variable electoral, por estar íntimamente conectada con las cuestiones de poder, dentro de las cuales sobresale la integración del Congreso, que cuando están apegadas al orden jurídico, constituyen la mejor forma de legitimación del poder político.
Las anteriores ideas son confirmadas por el pensamiento del autor alemán Diether Nohlen, al sostener que “los problemas del sistema electoral son al mismo tiempo, problemas de poder y problemas en torno a la concepción de la sociedad y la democracia”. Y en efecto, la discusión hoy en día se centra en la interpretación del artículo 54 constitucional, respecto a la distribución de los diputados de representación proporcional (plurinominales).
El citado artículo ha sido objeto de 8 reformas constitucionales -desde su expedición- tres de ellas significativas: 1963, para establecer los diputados de partido; 1977, donde se toma el modelo de la representación proporcional y 1996, donde se realiza un último ajuste significativo para el reparto de las plurinominales. El objetivo de dichas reformas fue abrir un espacio al pluralismo y al debate de las ideas de todas las corrientes políticas, principalmente, las emergentes o minoritarias; aunque con el paso del tiempo, se permitió que todos los partidos participen en la distribución de plurinominales, hasta un cierto tope.
Lo que hoy acontece, es simple y sencillamente, una pugna de poder, por el dinero y el acceso a los medios de comunicación. Por la parte del partido en el gobierno y sus aliados, buscan tener el mayor número de legisladores para emprender las reformas constitucionales de la denominada 4T, pero a su vez saben que el próximo año existe un presupuesto de más de 6000 millones de pesos para las prerrogativas de los partidos y el hecho de tener esa “súper-mayoría” le implicaría en 2027 tener varios millones más de spots que la oposición.
Por el lado contrario, basados en la interpretación integral y armónica del artículo 54 constitucional, así como en los fines de la representación proporcional, la oposición estima que no debe existir una sobrerrepresentación y que el cálculo del partido gobernante no es apegado a derecho.
Menuda tarea tendrá en sus manos -en primera instancia- el INE y quizá, posteriormente, -de haber impugnaciones- el Tribunal Electoral, para definir el número de plurinominales que le corresponden a cada partido. Aunque, cabe señalar, que existen precedentes electorales, en 2012, 2015 y 2018 donde se ha rebasado el tope del 8 por ciento (sobrerrepresentación) y a pesar de haber sido impugnados la instancia de justicia electoral los ha desechado, aunque, el umbral de dicho porcentaje no ha sido tan grande como ahora.
Lo que llama la atención, es la seguridad con la que el partido gobernante ya tiene planificado cuándo y cómo con una mayoría calificada reformará la Constitución para implementar una forma de gobernar hegemónica. Ya veremos que deciden las autoridades electorales.
