La víspera de un nuevo sexenio siempre trae esperanza y se espera que las cosas mejoren, al margen de que partido político y proyecto haya obtenido el mayor número de votos. Esta semana, la candidata triunfante de Morena, mando un mensaje hacia el sector privado -que, de entrada- fue bien tomado, al comunicar que la empresaria Altagracia Gómez será la encargada de coordinar un Consejo Asesor Empresarial.
Tarea nada fácil, cuando en la actual administración de la 4T ha emitido actos jurídicos tales como decretos presidenciales, reformas legales e iniciado procedimientos judiciales (incluidas persecuciones penales) con el objeto de impulsar sus obras y proyectos estratégicos, asimismo ha realizado actos paralegales, tales como seudo-consultas, consignas en la “mañanera” que tienen por objeto impulsar las también llamadas obras “faraónicas”; así como omisiones de gobierno graves (combate a la delincuencia que provocan extorsión e inseguridad en la IP).
El gobierno por concluir estima que cuenta con una estructura constitucional y legal que puede ser utilizada para justificar ataques al sector empresarial que van desde la ideología, bajo ideas como: “separar al poder político del poder económico”, “impedir predomino del lucro sobre la dignidad”, creencias que incluso se han instalado en documentos como el Plan Nacional de Desarrollo hasta las reformas, decretos y acuerdos que ha impulsado la 4T, mismos que se han impugnado ante el Poder Judicial Federal, donde comúnmente se han anulado o limitados sus efectos, de ahí -parte- del porqué su reforma planteada.
Se sabe que todos los sectores económicos tienen sus necesidades y algunas pueden ser prioritarias, para su viabilidad actual. Es difícil comprender que en un sexenio todo se pueda resolver ya que existen aspectos de raíz que vienen arrastrándose de años atrás, pero al menos se espera que se plantee una ruta de desarrollo.
Para el sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión hay un punto en común que no permite que las empresas de este sector sigan invirtiendo, generando empleos y por ende, impulsar la recaudación de impuestos, es el alto costo del espectro, tan es así que las últimas licitaciones han quedado semi desiertas.
Mientras en el sector telecomunicaciones no se ve manera que otras empresas nacionales y extranjeras puedan competirle al agente económico preponderante; en la radiodifusión el alto costo tiene en un vilo a casi 200 estaciones de radiodifusión que no tienen forma de cubrir el pago para sus prórrogas, ante la competencia dispareja con las plataformas digitales que no cuentan con las mismas cargas fiscales y obligaciones legales establecidas en una concesión, lo que podría decirse unos están regulados y otros sin ley, estos últimos en otros países ya los están reglamentando.
Se estima que deberá tejer muy fino el gobierno entrante con la iniciativa privada, para mejorar no sólo la relación, sino también que se sienta un impulso a la economía, para conservar y generar empleos.
