Tal y como los conocemos -hoy en día- instituciones como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Instituto Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales (INAI) y quizá en un futuro el Instituto Nacional Electoral (INE), ingresarán a una nueva época en 2025, ya no tendrán el mismo origen ni serán instancias de contrapeso entre poderes, simple y llanamente, parte del “sistema satelital” del gobierno en turno.

La reforma judicial para elegir a juzgadores es una realidad e indefectiblemente se llevará a cabo y no habrá sentencia alguna que se lo impida; con ello Morena controlará al poder judicial, además del poder legislativo y encabeza el poder ejecutivo.

La situación actual presenta dos problemáticas, por un lado, como la reforma judicial se impugnó, el oficialismo legislativo promovió otra reforma constitucional denominada “supremacía” para que no se pueda interponer ningún medio de impugnación contra una reforma o adición a la Constitución; esta última ya se aprobó en el Congreso Federal y ya cuenta con la aprobación de la mayoría de las legislaturas de los Estados y sólo faltaría que se publique en el Diario Oficial, esto sucederá seguramente antes del próximo martes 5 de noviembre, fecha que tiene prevista la SCJN para resolver la impugnación contra la reforma judicial.

Si la impugnación de la reforma judicial se aborda el próximo martes en la SCJN, y ya está publicada la reforma de la “supremacía”, el pronóstico sería que la Corte dará por terminada la impugnación contra la reforma judicial debido a que la nueva disposición constitucional prohíbe cuestionar cualquier modificación constitucional, o bien, ver si se atreve a un análisis del asunto, donde habrá al menos una pregunta esencial: ¿Puede la SCJN revisar una reforma constitucional?, ya se verá el próximo martes.

Las complicaciones no paran ahí, está resultando muy complicado organizar el proceso electoral judicial, además del cuestionable costo que tendrá (13 mil millones de pesos); esta semana en el INE, 6 de 11 consejeros aprobaron interponer controversia constitucional contra la reforma judicial, impugnan que el Congreso haya otorgado “superpoderes” a la presidenta del INE para que pueda nombrar directores ejecutivos.

Finalmente, lo que acontece en el INE significa que los contrapesos están al interior del régimen, reflejan falta de acuerdos al interior del oficialismo, las desavenencias radican en el reparto de los beneficios del poder (cargos y recursos), pero no se trata de contrapesos institucionales de otras fuerzas políticas a lo que se aspira en una democracia.

Estos conflictos podrían dar lugar a la desaparición del INE o la renovación de consejeros electorales, más con el ánimo de revancha y arrebato que hay en el ambiente, mientras tanto, ya se anunció que se promoverá “otra” reforma constitucional para garantizar que la Presidenta del INE pueda nombrar a “sus” funcionarios y de paso, se reiteró que el INAI desaparecerá, por haber llegado tarde con sus datos.