La legalización de la marihuana es un tema que se ha venido discutiendo en México en los últimos años. En 2016, por ejemplo, se organizaron foros con una amplia participación de expertos, académicos nacionales y extranjeros, organizaciones civiles y funcionarios públicos, y que tuvieron lugar en diferentes regiones del país.
En tiempos recientes, el tema ha vuelto a cobrar relevancia. Y que bueno que así sea, porque se trata de un asunto que debe ser discutido con amplitud, y que en los diferentes niveles de análisis, se debe examinar a fondo y con una perspectiva integral.
Para comenzar, hay que reconocer que, a nivel global, las políticas de drogas de los últimos 40 o 50 años, asociadas al paradigma prohibicionista, han sido poco satisfactorias en atender el problema.
En este sentido, y en su momento así lo exprese ante la ONU como Secretario de Gobernación, las convenciones internacionales -eminentemente punitivas-, deben incorporar enfoques de salud pública, derechos humanos y prevención, que no criminalicen el consumo, y que permitan disminuir de forma más efectiva, los daños asociados al uso y control de drogas.
Al mismo tiempo, hay experiencias internacionales que no se pueden obviar y que deben ser analizadas en su diseño, implementación y consecuencias. Tal es el caso de Portugal, Holanda y Uruguay, u Oregon, Colorado y Washington en los Estados Unidos, que han avanzado en la despenalización y regulación de la cannabis.
En México, el debate puede y debe abordarse desde diferentes perspectivas, que van desde la ética, los derechos humanos y las libertades, hasta la salud pública, la seguridad ciudadana, la economía y la regulación. Se trata, como puede verse, de un tema complejo, con muchas aristas, que no acepta simplismos y simplificaciones.
Por ejemplo, avanzar en la despenalización efectiva (si bien desde 1994 el consumo no es delito penal, si lo son su posesión y transporte, lo cual en términos reales supone mantener su criminalización) es una medida practica que puede permitir que el Estado enfoque sus recursos en detener delincuentes, y no en perseguir consumidores.
En este sentido, se requiere modificar la ley general de salud en cuanto a las cantidades mínimas -considerando dosis de aprovisionamiento, no solo inmediatas-, y hacer consistente el Código Penal Federal en el transporte y la posesión.
Esto es algo que, junto con su uso medicinal -que se aprobó hace 2 años México-, el Presidente Enrique Peña Nieto propuso a la Legislatura pasada, y que lamentablemente fue descartado. Insisto: no se trata de incentivar el consumo, solo de no criminalizarlo.
Para ello, y en paralelo a las reformas legales necesarias, debemos dejar de pensar en la cárcel como única solución para quien comete un delito bajo el efecto de un narcótico. Por el contrario, el sistema de justicia debe ofrecer alternativas de tratamiento y reinserción. Un ejemplo de ello pueden ser los tribunales de drogas, aunado a acciones de salud, educación y deporte.
Al mismo tiempo, hay que actuar con mucho sentido de responsabilidad ante la ciudadanía, y ser claros en los alcances y consecuencias de esta medida. ¿A qué me refiero? A que lamentablemente, el problema de la violencia y la inseguridad en México va más allá de la legalización de la marihuana.
Y su efectiva despenalización, si bien es un paso en la dirección correcta, difícilmente ocasionará que se terminen el secuestro, la extorsión, el homicidio y la impunidad con que actúan en ciertas partes del territorio la delincuencia organizada y quienes cometen delitos del fuero común.
Dicho de otro modo, el permitir que un ciudadano pueda consumir marihuana sin ser castigado por el Estado, va acorde al derecho al libre desarrollo de la personalidad -así lo ha establecido la Suprema Corte-, puede contribuir a que el Estado canalice mejor sus recursos, y quizá, a debilitar ciertas estructuras de poder económico del crimen, al desplazar mercados negros.
Sin embargo, ello no resuelve lo que sucede con la violencia que se origina por la producción y distribución de drogas como la cocaína, los derivados de los opiáceos, o las sintéticas como las metanfetaminas.
Menos aún soluciona el problema de fondo, que tiene que ver con la debilidad de las policías -especialmente a nivel local-, y con los grandes retos operativos de las instancias de procuración y administración de justicia.
En conclusión, cuando se habla de legalizar la marihuana, hay que pensar en una regulación que respete los derechos y libertades, pero también que proteja la salud y contribuya a la seguridad ciudadana. Y muy importante, hay que ser prudentes con las expectativas que se generan ante la ciudadanía. Porque si bien se trataría de un avance relevante, lamentablemente se requiere mucho más que ello para resolver el déficit de Estado de derecho que hay en nuestro país.
*Senador de la República y Coordinador de la bancada del PRI
Tuiter:@osoriochong
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