El Gobierno federal ha impulsado una política de austeridad republicana que se ha materializado en la emisión de un Memorándum de Austeridad, de la Ley Federal de Austeridad Republicana y de un Decreto por el que se ordenaba la extinción de los fideicomisos públicos. Estos recortes y reducciones realizados entre 2019 y 2022 contrastan con el hecho de que el Presupuesto de Egresos de la Federación no ha parado de crecer en el mismo periodo y para el siguiente año se tendrán 13% más de recursos en términos reales. Entonces, ¿en dónde están los recortes?
Animal Político y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) realizaron una investigación para documentar los efectos de la “austeridad republicana” en el funcionamiento diario de las secretarías, sus servidores públicos y los servicios a la ciudadanía. La información consultada se enfocó en el análisis de los presupuestos de egresos, cuentas públicas y otros informes financieros-administrativos (Programas de Trabajo de Administración de Riesgos e Informes de Austeridad, así como los testimonios de (ex) funcionarios y ciudadanos.
El primer hallazgo es que los recortes recaían principalmente en el llamado gasto administrativo. Recursos que comprenden los montos destinados a 1) servicios personales (sueldos, salarios, prestaciones y personal temporal), 2) los recursos para materiales y suministros (toda clase de insumos requeridos para la prestación de bienes y servicios) y, 3) el presupuesto destinado a servicios generales (energía eléctrica, gas, agua, telefonía e internet, entre otros). Aquí lo interesante: en papel los recortes no solo no reflejaban lo que sucede en la práctica, sino que todos estaríamos de acuerdo en disminuir los recursos a algunos funcionarios, viajes, viáticos, automóviles, equipos de cómputo entre otros muchos conceptos. En la práctica la historia es otra.
Investigar los efectos de la austeridad republicana va más allá de conformarse con las cifras que se reportan en los escritorios de Palacio Nacional. Qué hay detrás de esas variaciones, recortes y supuestos “ahorros”. Los descubrimientos son escandalosos: tenemos un gobierno federal en el que los funcionarios públicos tienen que hacer “vaquitas” para comprar insumos básicos como papelería o papel higiénico. Trabajos a turnos porque solo hay una sola computadora para 12 funcionarios. Elevadores descompuestos y uno en funcionamiento para todo un edificio de 23 pisos. Dependencias que trabajan con software pirata, licencias vencidas y que manejan información confidencial o que “resguardan” datos personales de todos nosotros. Recortes de viajes al extranjero y viáticos que han ocasionado dificultad para cobrar seguros del gobierno y la pérdida de puestos clave en organismos internacionales en la ONU y la OCDE.
De acuerdo con el INEGI, cita Animal Político, “las denuncias por la negativa o inadecuada prestación de servicios públicos han aumentado en 38%, y la violación al principio de legalidad, en el desempeño de la función pública creció en 17% entre 2018 y 2020, según datos del Censo Nacional de Derechos Humanos”.
Está mal que cualquier persona, funcionario público o no, pase penurias para realizar su trabajo, pero lo realmente grave está cuando el gobierno aplica recortes que asfixian su capacidad de proveer bienes y servicios a la población. Cuando no hay medicamentos, vacunas, estancias infantiles, peligran los derechos de propiedad o se trafica con tus datos personales. La austeridad nos sale cara.
Coordinador de Gobierno y finanzas del IMCO. Las opiniones expresadas en esta columna son personales y no reflejan la postura institucional.
@ManuGuadarrama
