Sabemos que la economía de mercado no es sólo lo que algunos críticos llaman economía casino. La realidad de las cosas es que la primera - aunque no la segunda - sólo puede existir en un marco del Estado de derecho. Hay una relación directa entre una economía de mercado que promueve la prosperidad y el respeto a la Ley por parte de todos los actores económicos.
Así, el primer deber del Estado es salvaguardar un marco de confianza para las inversiones y para toda transacción de orden financiero y comercial. Cuando esto no sucede se premia la economía informal e ilegal y se castiga a quienes buscan realizar todo de acuerdo al marco jurídico vigente. Esto no podría más que aumentar la corrupción, que, como sabemos, prospera en la oscuridad y la tenebra legal.
En este sentido, la extensión por dos años más del decreto que permite el ingreso de los llamados autos chocolate al país no parece contribuir a la generación de confianza para el inversionista en la industria automotriz, en particular, y en la industria en general.
Lo ideal hubiera sido dejar esa decisión al gobierno entrante, que es el que tendrá que lidiar con el problema.
Pero la nueva administración no parece tener problemas con que se le impongan condiciones. La verdad sea dicha, el gobierno de la Presidenta, Claudia Sheinbaum, deberá hacer mucho más para despejar las dudas de que se constituya en México un maximato del siglo XXI. Esperemos que ese no sea el caso.
Según la información disponible, en este sexenio han entrado a México 2.6 millones de autos sin documentación apropiada.
Hay que también tomar en cuenta que los popularmente conocidos como autos chocolate, precisamente por no tener la documentación necesaria, podrían ser causa de una mayor contaminación del medio ambiente. Esto iría en contra de lo formulado por la nueva Presidenta, quien ha puesto en el centro de su atención la protección del ecosistema ecológico en nuestro país.
Es importante enfatizar que la regularización de los "autos chocolate" ha generado ingresos para el Estado de 6 mil 239.5 millones de pesos, de acuerdo con lo informado por el ex-Presidente López Obrador en su último informe de gobierno.
No es por pensar mal, pero uno se pregunta si la estrategia del oficialismo no es permitir el ingreso de estos autos ilegales y potencialmente contaminantes para financiarse en un momento en que la hacienda mexicana se encuentra en números rojos. De ser el caso, estaríamos ante un acto que favorece los intereses financieros del gobierno a expensas del bienestar general.
El decreto suscrito por la administración anterior no está escrito en piedra y puede perfectamente ser abrogado. Nada impide a la nueva Presidenta hacerlo, pues es una cuestión de voluntad política. Indudablemente ha llegado el momento de honrar con los hechos lo que se ha prometido con palabras.
Abogado y Diputado Federal
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