Desde 2018, la seguridad del país sigue siendo uno de los temas prioritarios del Gobierno federal. Si bien subsisten múltiples desafíos, se ha ido avanzando progresivamente en ese rubro.
En junio de 2023, y de acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el homicidio doloso registró una reducción del 17.5 por ciento, por lo que se trata del mes de junio con porcentaje más bajo de los últimos seis años. Asimismo, seis entidades del país concentran el 47.7 por ciento de los homicidios: Guanajuato, Estado de México, Baja California, Jalisco, Chihuahua y Michoacán. Los delitos del fuero federal disminuyeron en un 17.9 por ciento en comparación con diciembre de 2018; el feminicidio se contrajo en un 19.8 por ciento; la extorsión, en un 7.2 por ciento, y el secuestro, en un 73.9 por ciento, entre otras cifras.
Estos resultados son positivos, pero deben alentarnos a seguir profundizando, revisando y ajustando tanto la lucha contra la inseguridad como la estrategia correspondiente.
La inseguridad tiene causas concretas. Por ejemplo, el crimen organizado no sólo se encuentra en la raíz de la extorsión, la trata de personas, el tráfico de migrantes, la tala clandestina o la pesca ilegal de especies del mar, sino que aprovecha sus recursos económicos para crear bases sociales entre la población más humilde. Lo sucedido hace unos días en Chilpancingo, Guerrero, es prueba de ello. A través de dádivas (como despensas, juguetes, etc.), la delincuencia organizada coopta a la población de las comunidades más pobres para que incluso se alce contra el Estado, que fue disminuido en sus funciones y responsabilidades durante el periodo neoliberal y que hoy busca recuperarse.
En este sentido, la estrategia de seguridad requiere ser analizada desde tres ópticas, a saber: la seguridad jurídica, la seguridad pública y la procuración e impartición de justicia. La primera implica el respeto de la Constitución y las leyes, así como el impulso y la defensa del Estado de derecho, ya que respetar y aplicar la ley acerca a los países al umbral de la justicia. De manera paralela, la defensa de la Constitución y la consolidación del Estado de derecho transitan por una reforma integral al sistema de impartición de justicia.
En cuanto a la seguridad pública, se debe seguir aplicando el enfoque de la prevención, atacando las causas más hondas —que son la atención a la pobreza y la marginación—, además de mantener y ampliar los programas sociales.
La intervención de la Fuerza Armada permanente, de la Guardia Nacional y de las policías estatales y municipales se deberá realizar bajo una estrategia y un plan que sean acordes con el respeto a los derechos humanos. También se requiere contar con un diagnóstico en cada región del país e intensificar las actividades de inteligencia para actuar con precisión.
En relación con la procuración e impartición de justicia, existen cuestiones que deben ser ponderadas. Una de ellas es que aún no se provee una justicia pronta y expedita. Al fallar el Estado en ello, no sólo pierde legitimidad y credibilidad, sino que abre la puerta a poderes fácticos que lo suplantan, a lo cual se suma que las personas no encuentran mecanismos para resolver sus conflictos y, en consecuencia, recurren a diversas formas de justicia por mano propia.
Ante esta situación se necesitan, entre otros factores, condiciones financieras que permitan obtener una independencia en la materia a los poderes judiciales locales; andamiaje institucional, que les garantice su independencia operativa; un mecanismo para facilitar y apoyar su coordinación a nivel nacional; revisión integral del funcionamiento del sistema de justicia penal acusatorio, así como mecanismos de coordinación efectiva entre fiscalías y poderes judiciales.
El combate a la inseguridad transita por una estrategia que se actualice y ajuste periódicamente, y que se refuerce con acciones y mecanismos mejor adaptados a las prácticas delincuenciales actuales y nuevas; todo ello, con respeto a los derechos humanos y continuando con la atención de las causas de la desigualdad y la exclusión social.
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