Durante los últimos 20 años México experimentó transformaciones significativas. En gran medida los cambios fueron producto de las demandas y propuestas de la sociedad civil. Ahora, a la par que se discute la reforma al Poder Judicial de la Federación y poderes judiciales locales, se prepara el terreno para la aprobación de otras reformas constitucionales que borrarían los avances conseguidos por la sociedad civil.
El Instituto Federal Electoral (IFE), ahora INE, ha garantizado la transparencia electoral y facilitado transiciones de poder desde 1997 en el Congreso de la Unión, la elección del año 2000, 2018 y la continuidad del proyecto en 2024. El desarrollo institucional de nuestro país permitió que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se volviera autónoma y México implementara reformas en la protección de dicha materia. Se logró tener transiciones de gobierno sin crisis económica. El Banco de México se independizó del poder presidencial y consolidó como uno de los mejores bancos centrales del mundo. Se fortaleció el INEGI y el CONEVAL para mejorar la medición y evaluación de políticas públicas.
En materia de competencia económica, a través de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), se han sancionado prácticas monopólicas y colusiones de agentes económicos que han afectado el bolsillo de los mexicanos y al erario público. Además, se han tomado medidas en beneficio de consumidores en diversos temas: combustibles, canasta básica, transporte, productos y servicios financieros, y un largo etcétera.
En materia de telecomunicaciones, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) logró implementar un sistema de red compartida, la transición a televisión digital, aprovechamiento del espectro radioeléctrico, eliminación de larga distancia nacional y disminución de los costos de servicios de telefonía e internet.
En materia de transparencia y rendición de cuentas, gracias al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) se revelaron casos de corrupción como la Estafa Maestra, la Casa Blanca, Odebrecht, entre muchos otros. La sociedad civil impulsó el Sistema Nacional Anticorrupción y las obligaciones de transparentar las declaraciones de servidores públicos y el seguimiento de recursos. Ahora ha exigido al Ejército, SAT y otras dependencias la publicación de información sensible como Segalmex, Tren Maya, Aeropuertos, etcétera.
Los promotores de las reformas constitucionales presidenciales aciertan en que, a pesar de los cambios realizados, se falló en comunicar, socializar e involucrar a la totalidad de la población. Por mucho avance institucional que se haya dado a través del trabajo de la sociedad civil, no todas las personas vieron los beneficios directos de esos cambios. Sin embargo, lo cuestionable del proceso de discusión y futura aprobación de las reformas es que solo los regímenes autocráticos o defensores del statu quo perciben la participación cívica como una amenaza. Por más que se apoyen las reformas, no existen motivos objetivos que justifiquen eliminar la participación ciudadana y la construcción de mejores reformas. Tener listos los proyectos de dictámenes antes de que discutan o terminen los foros de consulta de las iniciativas no es muy democrático por parte de los legisladores.
El impulso de las iniciativas raya en el capricho de otorgarle al Ejecutivo Federal la cereza del pastel al costo que sea, aún sea la destrucción de instituciones y logros alcanzados por la sociedad civil. Precisamente el aspecto positivo de las reformas constitucionales radica en ampliar el espacio para el debate público. En discutir las ventajas y riesgos que implican, por ejemplo, la desaparición de organismos autónomos como la COFECE, IFT, INAI y otras instituciones.
*Manuel Guadarrama es maestro en políticas públicas y profesor universitario.
