Recientemente, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó los resultados de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL 2021), la cual se basa en un estudio estadístico levantado de julio de 2020 a julio de 2021. El informe presenta datos por demás interesantes sobre los que vale muchísimo la pena reflexionar y extraer conclusiones que se traduzcan en decisiones que beneficien a nuestro estado en todos los niveles, pasando por el penitenciario y el judicial. Y es que la vida en prisión no debe verse sólo como una acción punitiva contra quien viola la ley, sino también como un espacio de reinserción social.
Hasta diciembre de este año, en todo el país se ha privado de la libertad a 220 mil 500 personas. De ese total, el Estado de México, la Ciudad de México, Jalisco, Baja California y Sonora aportan más del 40% de la población total, acumulando juntos más de 98 mil personas presas. En contraste, los estados de Tlaxcala, Baja California Sur y Campeche ocupan las posiciones más bajas; juntos acumulan menos del 2% de la población presa. Estas cifras no dejan de llamar la atención porque son un reflejo de la situación de violencia e inseguridad que viven miles de mexicanos en sus lugares de residencia.
Ahora bien, la distribución por género aporta datos relevantes. Del total nacional, 94.3% son hombres y 5.7% son mujeres, es decir, 208 mil presos y 12 mil 500 presas. Asimismo, Baja California Sur se ubica en la segunda posición nacional con el menor número de personas privadas de su libertad al aportar al total nacional tan sólo 1,100 hombres y 300 mujeres. Sin embargo, el 74% de esas 1,400 personas declararon tener dependientes económicos en la semana previa a su detención y, por lo tanto, cabe suponer que dejaron desamparados a hijos, padres y parejas.
Uno de los datos más preocupantes que atañe directamente a Baja California Sur es que, con el 29.8% del total nacional, sólo por debajo de Sonora y la Ciudad de México con 35.6% y 32.5%, respectivamente, es el tercer estado con los índices más elevados de población privada de la libertad que señaló haber sido sentenciada por algún delito de manera previa a su reclusión actual, lo cual quiere decir que es población con índice elevado de reincidencia delictiva. Y aquí es donde el sistema penitenciario del estado debe poner énfasis, pues tiene que diseñar estrategias efectivas que se traduzcan en una auténtica rehabilitación y reinserción social; de lo contrario, eventualmente podría llegar a duplicar la media nacional que se ubica en 20.5%.
En el informe de la ENPOL 2021 hay muchos otros datos que sin duda son relevantes para nuestro estado. Por ejemplo, que el 54% de la población privada de la libertad esperó más de un año para recibir sentencia, que el 30.8% aún lleva su proceso penal abierto o que el 19.5% compartió celda con más de cinco personas. Pero uno que es neurálgico es el relativo al porcentaje de presos que realizó alguna actividad laboral en el centro penitenciario, pues Baja California Sur se ubica en la penúltima posicional nacional con tan sólo 45.5%, sólo por encima de Baja California que reporta 19.4%, pero muy alejado de estados como Yucatán o Guerrero que reportan 95% cada uno. En contraste, tenemos uno de los porcentajes más altos de personas que estudiaban dentro del centro penitenciario para obtener un nivel escolar con 25%, por debajo de estados como Zacatecas, Querétaro y Veracruz, pero por encima del Estado de México, San Luis Potosí, Nuevo León o Baja California, por mencionar algunos.
No menos importante es el tema que viven las mujeres dentro de los Centros Penitenciarios, ya que el 11.7% de la población femenina declaró haber estado embarazada en algún momento de su estancia dentro del centro; asimismo, de la población que ha estado embarazada, 19.9% de ellas puntualizó que ha tenido un aborto. Cabe señalar que 82.1% de las mujeres embarazadas sí acude o acudió a una revisión con el médico del centro penitenciario; sin embargo, de las internas que no acuden o acudieron por una revisión, 22% aseguró que la razón se debió a la negativa de los médicos a atenderlas, mientras que un 15.8% señaló que fue por falta de equipo para atender su embarazo dentro del centro.
Finalmente, algo que debemos reconocer es que los porcentajes de personas privadas de la libertad que fueron víctimas de algún tipo de corrupción han bajado drásticamente en comparación con los resultados de 2016. Del total de casos, 35.6% se reportó en el ejercicio anterior, pero en el actual se redujo hasta el 20.8%; además, los casos de corrupción ocurridos en el momento de la detención pasó de 24.6% a tan sólo 9.1% y, en el Ministerio Público, de 12% a 6.1%; no obstante, tuvo un ligero repunte durante el proceso judicial, donde pasó de 4.2% a 6.1%. Sin duda, estos datos son fundamentales para diseñar políticas que fortalezcan el tejido social tan desgastado por la violencia que sistemáticamente vivimos en el país, al mismo tiempo que se vigile que quienes cumplen una condena lo hagan con pleno respeto por sus derechos humanos.