Vivimos situaciones inéditas, al menos respecto de los últimos 90 años. Hay una crisis constitucional mayúscula, que parece importar poco en un país que se desangra por la inseguridad y que tiene en el horizonte nubarrones de crisis económica. En medio de todo, la propaganda del régimen manipula y distrae.
Tenemos un sistema de justicia federal paralizado y un Poder Legislativo que dicta leyes destinadas a destruir el Estado de derecho. A esto, hay que agregar que los textos que se votaron son de una factura lamentable y que suscitan dudas y confusiones.
Vamos por partes: ¿puede el Congreso cambiar todo en la Constitución? Si nos atenemos a los disparates que escuchamos en las Cámaras, parece que sí. Para los legisladores del gobierno todo se puede y si un día, por ejemplo, se les ocurre eliminar el sistema federal, no duden que lo van a hacer. En su forma de actuar se parecen a los conservadores del siglo XIX; son autoritarios e irreflexivos y siempre atentos a la voz de Palacio.
Hay que dejar claro, que, mediante mecanismos de fraude a la ley, el oficialismo se quedó con el 75 por ciento de los diputados. En los comicios para la Cámara baja, la alianza en el gobierno solo obtuvo el 54 por ciento de los votos y con ese resultado, que por poco margen supera la mitad, pretende cambiar la Carta Magna.
Soy de los que piensan que en una Constitución hay cláusulas inamovibles y que éstas, y otras, me refiero a las convencionales, son imprescindibles para una democracia moderna. Por lo tanto, el Constituyente permanente tiene limitada su capacidad de modificar la Ley Suprema. Más aún, cuando la nuestra es producto de una revolución y en ella se guardan principios que se remontan al Acta Constitutiva de la Federación y a la Constitución de 1824.
El pasado febrero se envió a la Cámara de Diputados una reforma para, en la práctica, disolver al Poder Judicial. Aclaremos, no se trata de mejorar la justicia, nada de lo propuesto tiene ese objetivo. Sin embargo, si algo distingue al régimen actual, es la narrativa como instrumento para construir la polarización. De un día para otro, los voceros a sueldo, con un arsenal de argumentos falaces, arremetieron contra los integrantes de la judicatura.
La estrategia era denostar y confundir. El objetivo: la venganza del régimen en contra de los juzgadores que en el pasado reciente se mostraron independientes ante el poder. El resultado, de no suceder otra cosa, será el caos electoral y jueces que en su mayoría no tendrán legitimidad técnica.
Para complicar las cosas, los operadores jurídicos del régimen mandaron textos con errores. “No podemos mover nada, ni siquiera corregir los errores obvios”, me dijo, entre curules, un diputado de la mayoría.
Hay errores que se convierten en históricos y la reforma votada es uno de ellos.
Coordinador de los diputados del PRI