Ricardo Smith Nieves*
En enero de 2021, al tomar posesión como presidente de los Estados Unidos, Joe Biden incluyó al cambio climático en la lista de “prioridades inmediatas” para su administración. Para ello, propuso un plan de acción sobre el plano internacional, reforzado por una ambiciosa estrategia de política ambiental al interior del país.
Primero, en el escenario internacional, en 2022 se buscó recuperar el liderazgo de Estados Unidos para definir el rumbo de las negociaciones internacionales de cambio climático. En gran medida, la Administración Biden tuvo éxito al encabezar los esfuerzos internacionales por revitalizar el proceso de negociaciones climáticas en el marco de las Conferencias de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático. Una prioridad para la diplomacia estadounidense fue acercarse a economías en desarrollo con un peso regional importante, a fin de incentivarles a presentar nuevos compromisos de reducción de emisiones hacia 2030 y anunciar planes para alcanzar emisiones netas iguales a cero en 2050. A finales de la COP26 de Glasgow, en noviembre 2021, 151 países habían presentado nuevos compromisos al 2030 y la cobertura de compromisos de emisiones netas cero había incrementado de 30% a 90% de la economía global.
El umbral de exigencia climática que Biden impuso a su país es bastante alto. La nueva meta de reducción de emisiones –es decir, la Contribución Determinada a Nivel Nacional, bajo el Acuerdo de París–, consensuada durante los primeros meses de gobierno del presidente Biden, compromete a Estados Unidos a reducir sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero en 50-52% hacia 2030, por debajo de los niveles de 2005. De acuerdo con cálculos publicados por Rhodium Group, esto implicaría un esfuerzo monumental de reducción de emisiones: cerca de 2 mil millones de toneladas de CO2 equivalente deben ser evitadas o removidas de la atmósfera de aquí a 2030 (cerca del total de las emisiones que representa un país como Rusia).
A un año de gobierno, un análisis de la política de la Administración Biden en el rubro ambiental arroja resultados mixtos. El reto en estos momentos se centra en establecer las bases regulatorias y de política pública para descarbonizar la economía de los Estados Unidos al nivel requerido por la nueva meta climática de 2021. La mejor apuesta del gobierno actual fue optar por programas de gasto público e inversión basados en cambios legislativos, a fin de garantizar su permanencia de largo plazo, incluso aunque un mandatario republicano regrese al poder en 2024.
Por un lado, el Plan Bipartidista de Infraestructura Bipartidista fue exitosamente negociado entre Demócratas y Republicanos en el Senado durante 2021 y finalmente aprobado en noviembre por ambas cámaras. Esta iniciativa abre la puerta a programas de inversión gubernamental que apoyen el desarrollo e innovación en tecnologías verdes: busca apoyar proyectos específicos de energías renovables, captura de carbono, producción y transporte de hidrógeno verde y movilidad eléctrica.
Aunque el Plan Bipartidista fue considerado como un éxito político para la Administración Biden, contrasta con la incapacidad gubernamental para conseguir los votos necesarios para aprobar un paquete de gasto más elevado y de mayor relevancia para su agenda climática: la iniciativa “Reconstruir Mejor” (Build Back Better Act, en inglés), con 2 billones de dólares divididos entre rubros de gasto social, infraestructura y energía. El conflicto entre miembros moderados y progresistas del Partido Demócrata ha impedido la aprobación de este paquete que otorgaría más de 320 mil millones de dólares en créditos fiscales que aumentarían la rentabilidad de proyectos de captura de carbono, generación nucleoeléctrica, hidrógeno verde, generación solar y eólica, así como apoyos a la compra de vehículos eléctricos.
Por si esto fuera poco, la Administración Biden se enfrenta a la crítica de organizaciones de acción climática y activistas por haber incumplido su promesa de campaña para detener el otorgamiento de concesiones de extracción petrolera y de gas en tierras federales. Asimismo, destaca la ausencia de regulaciones concretas para incentivar una reducción en el consumo de combustibles fósiles para su uso en plantas de generación eléctrica. De hecho, encuestas elaboradas por Politico/Morning Consult muestran que el 80% de los votantes de izquierda cree que el presidente Biden se ha quedado corto en su agenda climática y ambiental.
En este marco, es altamente probable que una porción del electorado progresista, desencantado con los alcances de la política climática del primer año de gobierno de Biden, decida no presentarse a refrendar su apoyo al gobierno en las elecciones intermedias que tendrán lugar en noviembre de este año. En los meses que vienen, no debemos perder de vista los esfuerzos del Partido Demócrata para reactivar las negociaciones legislativas en torno a la iniciativa “Reconstruir Mejor”. Si logran llegar a un consenso entre progresistas y moderados, podrían llegar a la elección mejor posicionados para enfrentar al Partido Republicano, que se perfila para recuperar al menos una de las dos cámaras del Congreso.
*Ricardo Smith es asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales.
