No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla, por lo que el pasado 15 de julio, Arturo Herrera dejó el cargo de Secretario de Hacienda y Crédito Público, para dar paso a Rogelio Ramírez De la O, su sucesor.
Arturo Herrera aspira a convertirse en el próximo gobernador del Banco de México aunque realmente no se ve otro competidor fuerte y parece que solo se está en espera de que se cumpla el periodo de Alejandro Díaz de León, en diciembre de éste año, para hacer oficial su ingreso. A diferencia de otros cambios en el gabinete federal, es claro que no hubo un problema de lealtad con el Presidente; al contrario, se está premiando su gestión frente a los recortes y reordenamientos presupuestales ordenados desde Palacio Nacional y el manejo fiscal durante la pandemia.
Y si bien es cierto que las finanzas públicas reportan estabilidad a grandes rasgos, la política de austeridad en el gasto público también implicó que los apoyos para el sector productivo y para las empresas de menor tamaño, fueran casi inexistentes, ya que ni siquiera el 1% del PIB se destinara a evitar cierres y despidos masivos; no hubo planes contracíclicos reales y, en términos fiscales, a muchas empresas se les siguió dando el mismo trato a pesar de que sus ingresos cayeron. Los datos son claros: sólo 7 de cada 100 empresas recibieron algún tipo de apoyo, más de un millón de empresas han reportado cierres permanentes y hoy, 10 millones de mexicanos se encuentran en algún grado de pobreza que no tenían a principios de 2020.
Algunas agencias y calificadoras consideran que un pendiente que deja el hoy ex secretario es una reforma fiscal que incremente la recaudación. Desde mi punto de vista, esa reforma ya ha iniciado desde distintos puntos, por un lado se han consolidado cobros atrasados a deudores, la reforma al outsourcing mejorarán hipotéticamente el cobro de cuotas de seguridad social y de impuestos asociados al empleo.
Además, el Plan Maestro del SAT (como lo propia Raquel Buenrostro lo ha denominado), tiene el fin fiscalizar a los grandes contribuyentes (es decir, quienes ya están activos en el padrón); mientras que una reforma pensada integralmente, buscaría ampliar la base de contribuyentes, incluyendo a las personas físicas y morales más ricas así como a quienes hoy son informales, y no solo aumentarle impuestos a los contribuyentes “cautivos”.
Dicho Plan Maestro incluye, entre otras cosas, aquellos sectores que se consideraron estratégicos durante la pandemia y que evidentemente generaron utilidades mayores: Alimentos, Bebidas y Tabaco, Hidrocarburos, Telecomunicaciones y Financiero.
Si bien los grandes contribuyentes no son las personas asalariadas ni gran parte de la clase media, será muy importante ver qué decisiones se toman en materia de deducciones y exenciones individuales, para ver si mantiene la línea planteada por el Presidente de la República, de aumentar la recaudación sin subir impuestos.
Una discusión aparte será la ya clásica en América Latina: la disyuntiva entre aumentar la recaudación o mejorar el uso y distribución de lo que ya se tienen, pues para efecto prácticos, no basta con cobrar más impuestos, sino que hay que gastarlos bien y distribuirlos de acuerdo a prioridades nacionales y no gubernamentales.