Por, Erika Estrada Ruiz
Invito a reflexionar sobre las preocupaciones y salvaguardas que deben considerarse en la elección del poder judicial en la Ciudad de México. Actualmente, el Congreso de la CDMX tiene 180 días para adoptar la reforma al ámbito local, por lo que en el IECM estamos analizando cómo asegurar las condiciones que han fortalecido nuestro sistema electoral, ya que en este proceso se están poniendo a prueba muchas de sus certezas y bondades.
Es crucial que el Congreso actúe con flexibilidad, disposición y voluntad política para alcanzar consensos en cada etapa, con una participación plural de autoridades electorales, fuerzas políticas e integrantes del poder judicial, incluso si ello implica ajustes en fechas y procedimientos. Por ello comparto algunos puntos clave.
Cargos a elegir. Habrá que definir si se escogerán sólo plazas vacantes o más cargos. Además, existen jueces con competencia nacional en CDMX que serán electos solo por votantes de la capital.
Registro de candidaturas. Los criterios para las candidaturas y el proceso de preselección imponen filtros inéditos para una elección sin participación partidista. ¿Cómo se asegura la equidad en la selección si cada comité emitirá sus propias reglas?
Paridad y acciones afirmativas (AA). Debe garantizarse la postulación igualitaria y la inclusión de grupos de atención prioritaria en condiciones equitativas, especialmente en la CDMX, donde la paridad se aplica en dimensiones vertical, horizontal y transversal. Además la postulación por AA se extiende a 11 grupos.
Campañas y fiscalización. Prohibir el financiamiento privado y público limita la promoción igualitaria a tiempos gratuitos en medios y debates como única forma de campaña. La fiscalización recaerá en los OPLES bajo estructuras ya disminuidas. Es esencial evitar ingresos ilegales, como aportaciones de particulares que podrían presionar a personas juzgadoras electas.
Voto informado. La limitación en tiempos de organización y difusión dificultará que la ciudadanía conozca los perfiles y competencias que requiere la función judicial para tomar una decisión informada antes de emitir su voto, especialmente con tantas candidaturas. Es indispensable una defición del congreso capitalino para planificar etapas y buscar a aliados estrategicos que apoyen en esa difusión.
Emisión del voto, conteo y escrutinio. No se han especificado horarios de cierre de la votación (¿podría extenderse la jornada varios días?), ni el número de urnas o boletas. Tampoco está claro si las candidaturas podrán tener representantes. La precisión de los instrumentos para estimar las tendencias y realizar el cómputo posterior (PREP y conteos rápidos) ha sido otra fortaleza del sistema y necesita ahora una reingeniería.
Resolución de controversias. Se ha estipulado poco tiempo para impugnaciones sin claridad sobre actores y etapas impugnables.
No hay que dejar pasar que las autoridades electorales nos hemos enfrentado a fuertes recortes presupuestales y que en CDMX el proceso coincide con la Consulta de Presupuesto Participativo anual. Aunque se proponen soluciones tecnológicas para resolver estos desafíos, debemos enfocarnos en componentes fundamentales para garantizar elecciones libres, auténticas y transparentes y asegurar todos los derechos humanos en el proceso. De lo contrario, podría lesionarse el principio de gradualidad en la implementación y comprometerse el éxito operativo del proceso.
