Para nadie es novedad que el Pleno del Congreso capitalino sea escenario de señalamientos cruzados entre legisladores de Morena y del PAN, sin embargo, en esta ocasión el tema fue el Bosque de Chapultepec.
A raíz de un comunicado presentado por el PAN el pasado martes, para Morena la defensa del Bosque parece un botín político más que el cumplimiento de una obligación.
Mostrando una intención mediática y de polemizar el tema, pues semanas atrás la presidenta de la Mesa Directiva no detonó ninguna acción y al ser un “procedimiento atípico” lo turnó a Servicios Parlamentarios, lavándose las manos.
Sin embargo, este asunto no es nuevo, pues el origen del litigio tiene ya más de tres décadas, lo que involucra al Congreso de la CDMX por su facultad de modificar el uso de suelo, lo que heredó de la entonces Asamblea Legislativa.
Todo inició hace 32 años, cuando el régimen político en la capital no era el de Ciudad de México, sino el Departamento del Distrito Federal, dirigido en 1992 por el regente Manuel Camacho Solís.
Se realizó la expropiación del terreno en el número 525 de Montes Apalaches para decretarlo área de valor ambiental.
Ante la omisión del pago de indemnización y no concretar acciones para habilitar el predio como parte de la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec, se abrió la posibilidad a quienes fueron sus propietarios, de reclamar su devolución.
Poco a poco la inmobiliaria originalmente propietaria del predio de casi 5 mil metros cuadrados ha obtenido resoluciones favorables, logrando que le devolvieran la posesión del inmueble, pero ahora no solo busca eso, sino obtener lucro del mismo.
Una interpretación del juez, señala que debe darse un uso de suelo habitacional con restricciones.
Hoy el proceso legal y el tiempo nos han alcanzado, recibiendo desde principios de este año un ultimátum por parte del Poder Judicial, donde se obliga al Congreso CDMX a realizar el cambio de uso de suelo correspondiente sin mediar procedimiento alguno.
Y en caso de no dar cumplimiento dará vista a la Suprema Corte de Justicia, siendo la consecuencia destituir a los servidores públicos involucrados.
Cuando presidí el Congreso señalé que el mandato del juez pone entre la espada y la pared al Congreso: cumplir la sentencia o cumplir la ley.
Por eso, la estrategia jurídica fue llevarlo a manos de la Suprema Corte de Justicia de Nación, para evaluar el cumplimiento sustituto, al ser una afectación grave para la sociedad.
La defensa del Bosque de Chapultepec, no es de unos o de otros, corresponde a todos, pues el Congreso capitalino está llamado a no ceder un solo metro de área verde de la ciudad.
Señalar lo contrario no solo es falso, demuestra desconocer la historia y su obligación al ser legisladores.
Analista de temas de desarrollo urbano y planeación
@gabysalido