Para nadie es desconocido que nuestro país está en la lista de los más peligrosos; no padecemos una guerra civil ni dictaduras o regímenes totalitarios como las que sufrieron otros países de América Latina, y en Europa durante la primera mitad del siglo pasado, sin embargo, hay violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos que deben atenderse con diligencia y compromisos reales, y uno de los más urgentes es el de la desaparición forzada de personas.

En México, desde la guerra sucia y hasta nuestros días, hay más de 73,000 personas desaparecidas involuntariamente. Los gobiernos de Calderón y de Peña minimizaron este delito que tiene relación con otros delitos conexos como la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, el secuestro o la trata de personas y han puesto a México en la mira del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Por eso es importante reconocer que el presidente, por fin haya enviado al Senado la solicitud de aprobación del reconocimiento de la competencia del Comité contra las desapariciones forzadas que deriva de la Convención para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

Este Comité recibirá y examinará los informes que el gobierno le envié sobre el cumplimiento de la Convención y sobre las recomendaciones que reciba; también recibirá y examinará peticiones de casos individuales de desaparición forzada y recomendará al Estado trabaje en su localización; además, el Comité podrá visitar al Estado mexicano cuando reciba información fidedigna que revele graves violaciones a la Convención, lo que seguramente derivará en nuevas recomendaciones que deberán tomarse en cuenta por el Estado, para dar cumplimiento, insisto, a la Convención que el Senado aprobó desde el 13 de noviembre de 2007, aunque su publicación en el DOF se haya dado hasta el 22 de junio del 2011. Por eso es muy importante que el Senado dictamine a favor de reconocer a este Comité.

Conviene recordar que, durante los seis años de la legislatura anterior, los colectivos de las familias de personas desaparecidas, las organizaciones defensoras de derechos humanos, la propia oficina del Alto Comisionado para los derechos humanos de la ONU y la comisión legislativa que presidí, expedimos la legislación en la materia y solicitamos infructuosamente en reiteradas ocasiones al Presidente Peña y a la cancillería que enviaran la aprobación del Comité al senado.

Lamentablemente, del delito persiste a lo largo y ancho del país, y aún enfrentamos resistencias para concretar los procedimientos que garanticen, en lo concreto, acciones efectivas para la búsqueda y la investigación de las personas desaparecidas.

El desdén y la resistencia de la FGR y de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia para aprobar, en el marco del Sistema Nacional de Búsqueda, el Protocolo Homologado de Búsqueda de Personas Desaparecidas, es la prueba más fehaciente de ello.

La decisión sobre el Comité de la ONU no cambiará por si misma las inercias; si no hay voluntad política nadie podrá hacerlo. Y un gobierno omiso e incapaz de garantizar una efectiva implementación de la legislación, permitirá que se sigan violentando los derechos humanos, con la aquiescencia, simulación o desdén por parte de las autoridades. El reconocimiento de la competencia del Comité es un nuevo triunfo de las familias. En hora buena.

Defensora de los derechos humanos