En noviembre de 2018, un poco antes de que el presidente López Obrador asumiera el cargo, el congreso federal, recién integrado por una mayoría de diputados de Morena, aprobó una serie de reformas a la organización de la administración pública. Ahora, tres años después, el presidente quiere dar marcha atrás a la estructura y organización administrativa que él impulsó con cambios a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
De aprobarse los cambios legales, se llevaría a cabo una centralización de las compras públicas y del ejercicio del gasto. Se transferirían facultades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a la Secretaría de la Función Púbica (SFP). Ahora se pretende otorgar a la SFP la coordinación y conducción de las Unidades de Administración y Finanzas que, en pocas palabras, centraliza la política de compras públicas.
Las compras públicas importan no solo porque representan un gasto potencial de poco más de 2 billones de pesos (OCDE), también son relevantes porque la provisión bienes, servicios y obras se realiza a través del dinero de los contribuyentes. Si bien la centralización de procesos tiene sus ventajas (compras consolidadas), también aumenta el riesgo en la operación e imparcialidad al recaer en la misma dependencia la realización de las compras y su control interno.
Alineada a la visión del Ejecutivo Federal de mantener un trato preferencial a la Secretaría de Marina, de la Defensa Nacional, Pemex y CFE, la iniciativa presidencial mantiene las Unidades de Administración y Finanzas (UAF) a su respectivo cargo, mientras que para el resto de las dependencias, organismos desconcentrados y organismos paraestatales se plantea que la SFP coordine y conduzca la operación de las UAF.
Otro cambio importante en esta iniciativa presidencial, que al menos en términos de votación de los legisladores no parece que vaya a tener ningún obstáculo, es la reducción de las estructuras relacionadas con los órganos de control interno. La especialización en las labores de control y vigilancia interna son valiosas, siempre y cuando tengan una coordinación efectiva, recursos humanos y materiales suficientes.
El IMCO advierte que las implicaciones potenciales de consolidar las compras públicas pueden ser positivas o negativas, todo depende en controlar los riesgos de corrupción y no convertir en juez y parte a la Función Pública.
Ojalá se eviten desabastos, malas prácticas de contratación y se logre un control interno efectivo. La prueba y error son normales en la ciencia, hacerlo en el gobierno tiene un costo mayor. La corrección siempre es válida, la improvisación no. La política de austeridad ya salió muy cara. Continuar por ese camino no puede llevar a resultados distintos.
*Manuel Guadarrama es Coordinador de Gobierno y finanzas del IMCO. Las opiniones expresadas en esta columna son personales y no reflejan la postura institucional.
