Después de las elecciones, en gobierno central y en alcaldías donde no hubo reelección, se prepara el relevo de las y los servidores públicos al frente de la gestión.
Los equipos durante esta “transición”, deben identificar los asuntos pendientes, los prioritarios y aquellos en trámite, para lograr la entrega-recepción de manera ordenada, evitando afectar a la ciudadanía.
Contrario a lo que ocurre en la administración pública, el Congreso no considera un mecanismo de transición que permita a las y los diputados quienes integran la legislatura por iniciar, conocer los pendientes legislativos y los asuntos en trámite.
Aunque la propia Ley señala que las iniciativas no pasaran de una legislatura a otra, existen temas, procedimientos y obligaciones que trascienden los 3 años de una legislatura.
Muchas de esas obligaciones, son mandatos legales o constitucionales con fecha cierta para ser cumplidos; por ejemplo, expedir una ley, realizar algún nombramiento, o la aprobación de los instrumentos de Planeación.
Sin embargo, antes de conformarse, el Congreso de la Ciudad de México ya tenía una fecha límite para el cumplimiento de un mandato constitucional:
“El Congreso deberá adecuar la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de México a esta Constitución, a más tardar el 31 de agosto de 2024.”
Así se lee la última disposición que la Asamblea Constituyente estableció en enero de 2017.
Próximo a vencerse el plazo, desafortunadamente no existe la posibilidad de cumplir la obligación, y, -hasta ahora- tampoco la intención de postergar como en otros casos, la fecha para cumplirla.
7 años parecía un plazo razonable para actualizar las leyes, sin embargo en dos legislaturas, no se logró modificar las poco más de 180 normas vigentes en la CDMX.
Lamentablemente esa no es la única obligación que el Congreso ha desatendido, y del mismo modo, no es la única autoridad que ha faltado a su encomienda. Un porcentaje considerable de las fechas señaladas por la Constitución, no han sido cumplidas en tiempo.
Con eso dejo un par de datos en el tintero:
No se ha emitido ley que regule la relación laboral de la CDMX y sus trabajadores, lo que impide mejorar las condiciones, y ajustar el régimen de contratación en el Congreso de la Ciudad, para brindar la seguridad social que, hoy carecen cientos de asesoras y asesores de honorarios.
Quienes dicho sea de paso, terminan su contrato el 30 de junio, a pesar de faltar 2 meses para terminar la legislatura, y tener al menos dos periodos extraordinarios programados para julio.
Hoy, en vez de garantizar derechos y prestaciones laborales desde la ley, seguimos dejando su ingreso a la suerte de un acuerdo y la disponibilidad presupuestal, como en la entonces Asamblea Legislativa, y para no fallar, así se heredará a la tercera legislatura.
