Por Paola Berenzon y Alejandra Hernández
El pasado 25 de julio fue asesinado Héctor Melesio Cuén Ojeda, líder del Partido Sinaloense, diputado federal electo y ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Este hecho coincidió con el arresto de “El Mayo” Zambada en Estados Unidos.
Lo que al principio parecía sólo una casualidad, pronto se convirtió en una ignominia que retrata de cuerpo entero las graves irregularidades con que las fiscalías estatales investigan y procesan los casos; su frágil independencia frente al poder político, así como su atropellada colaboración con la Fiscalía General de la República (FGR) en casos que involucran estructuras criminales. Estas deficiencias, que fueron ignoradas por la reciente aprobada reforma al poder judicial, se encuentran en el corazón de la crisis de impunidad y acceso a la justicia por la que atravesamos.
La versión inicial de la Fiscalía del estado, que atribuía el homicidio a un intento de robo de la camioneta de Cuén, fue puesta en duda cuando Zambada difundió una carta a través de su abogado en la que aseguró que el día de su secuestro iba a reunirse con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y con Héctor Cuén para mediar en un conflicto relacionado con la universidad, reunión en la que aseguró que Cuén fue privado de la vida. Ante estas declaraciones, la Fiscalía de Sinaloa no cambió su versión de los hechos y mantuvo la línea de investigación sobre el intento de robo.
La reacción inmediata de la FGR fue atraer el caso, abrir una investigación por secuestro, traición a la patria y otros delitos, en la que Zambada figura como víctima, así como realizar más de un centenar de diligencias. Lo anterior extraña de una FGR que tradicionalmente se ha mostrado reticente a atraer casos relacionados con delincuencia organizada y que en décadas de combate al crimen organizado no ha abierto procesos contra los involucrados.
En un comunicado posterior, la FGR reveló irregularidades graves en la investigación de la fiscalía estatal: 1. La necropsia no establece correctamente los signos cadavéricos, tanatológicos y livideces del cuerpo, ni su evolución. 2. No se preservó el cuerpo al permitirse su incineración, lo que contraviene las prácticas criminalísticas estándar en investigación de homicidios. 3. De acuerdo al reporte, el cuerpo presentaba un fuerte hematoma en la cabeza y cuatro disparos en las piernas, mientras que en el video difundido por la fiscalía estatal sólo se observa un disparo. 4. No se procesó criminalisticamente el lugar de los hechos ni el vehículo, el cual presenta manchas de sangre humana. 5. No se practicaron otros peritajes relevantes, como la mecánica de hechos. Con el paso de los días han surgido acusaciones sobre las presiones que recibieron los médicos forenses para alterar la necropsia.
Esta suma de omisiones y deficiencias no sólo pone en evidencia la ineptitud y/o la mala fe con la que actuó la Fiscalía estatal, sino que tiene repercusiones directas en el esclarecimiento del crimen. La destrucción y el desvanecimiento de evidencia física dificulta la reconstrucción precisa de los hechos y la identificación de las personas responsables. A su vez, este caso también plantea dudas sobre a quién sirven estas instituciones. Diputados de oposición ya han presentado denuncias contra el gobernador de Sinaloa y la entonces fiscal Sara Bruna Quiñonez Estrada. Sostienen que ésta actuó bajo órdenes directas de aquél para manipular la investigación de Cuén, con quien el gobernador mantenía un conflicto de varios años. En la coyuntura, desde el pasado 9 de septiembre Sinaloa se mantiene en una crisis de seguridad por enfrentamientos entre facciones del crimen organizado.
Este caso es otro claro ejemplo de la falta de autonomía que persiste en las fiscalías. La injerencia política no sólo corrompió la investigación del asesinato de Cuén, sino que también llevó a la “renuncia voluntaria” de Quiñonez Estrada, quien lo hizo por “recomendación” del gobernador. A estas fuertes implicaciones se suma el nivel de infiltración del crimen organizado en el gobierno e instituciones de justicia en Sinaloa. Una muestra de esto es el señalamiento de Zambada de que uno de sus escoltas, José Rosario Heras López, desaparecido desde el pasado 25 de julio, era comandante de la Policía Ministerial de la Fiscalía de Sinaloa.
La renuncia de la exfiscal Quiñonez, aunque necesaria, da pie a otros cuestionamientos. El Congreso local no la llamó a rendir cuentas sobre la actuación de la fiscalía en el caso Cuén, y se limitó a aprobar de manera unánime su renuncia el pasado 17 de agosto. Luego, mediante un proceso que duró apenas 12 días, el Congreso designó una nueva fiscal general. Esto es lo que ha sucedido sistemáticamente en el país en las ya casi 15 renuncias de fiscales generales estatales que se han presentado en los últimos dos años. Estos procedimientos de designación, lejos de fortalecer la autonomía de las fiscalías, han perpetuado la injerencia política en la procuración de justicia y están sumamente alejados de las buenas prácticas y los estándares internacionales.
El caso Cuén no es un incidente aislado, sino un retrato crudo de las deficiencias del sistema de justicia penal, que han provocado que la justicia contra los liderazgos del crimen organizado sólo se aplique en las cortes estadounidenses. Este caso muestra la fragilidad y la carencia de independencia de las fiscalías estatales, que son la puerta de entrada al sistema de justicia. También evidencia la parcialidad con la que la FGR se involucra o no en casos relacionados con el crimen organizado y su manejo a conveniencia, lo que sugiere un uso político de la persecución del delito a nivel federal. Todo esto permanece como una realidad intocada por la reforma política al Poder Judicial publicada el pasado 15 de septiembre.
Investigadoras del Programa de Justicia de México Evalúa.
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