En el empeño por liquidar instituciones con algún grado de autonomía o que escapen a la colonización o al sometimiento partidista, desde el oficialismo se ha esgrimido el argumento de hacer ahorros. En la práctica, un pretexto para eliminar cualquier instancia estatal que pueda diferir de sus decisiones y cuentas.
Así, adiós al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional Hidrocarburos (CNH).
No por “austeridad republicana”, sino, en el fondo, para acabar con la ventaja, para los ciudadanos o la democracia, de contar con contrapesos al poder político para contener abusos y mitigar los efectos de éstos y de malas decisiones e incompetencia. Incluyendo los altísimos costos y pérdidas que puede dejar el poder ilimitado, no sometido a controles ni rendición de cuentas.
Controles para que, primero, conforme al principio de legalidad, los gobernantes solo hagan lo que les está permitido expresamente por ley. Segundo, para que sean juzgados, y en su caso premiados o sancionados, por los resultados en el ejercicio de las facultades y los recursos los ciudadanos les hemos confiado de forma condicionada y temporal, no ilimitada y permanente.
Las razones reales de la liquidación de estas instituciones no tienen nada qué ver con su costo.
Su financiamiento como bien público (es decir, para todos) no llega ni a los talones de las inmensas pérdidas producto del despilfarro de la arbitrariedad en la toma de decisiones en el Ejecutivo Federal y sus dependencias, o, peor incluso, de la corrupción que propicia la falta de controles efectivos y de rendición de cuentas.
Más que menos gastos, lo previsible, con la eliminación de contrapesos y controle, es que haya más abusos en el aparato estatal, con costos al alza, consecuencia lógica, también, de erosionar la capacidad técnica y operativa en pareas especializadas de regulación y servicios.
En el ataque a los órganos constitucionalmente autónomos se da una confusión, tácita o deliberada, entre lo que es el Estado y lo que es un gobierno. La principal diferencia es que el primero tiene un sentido de permanencia, como la organización política de la sociedad, mientras que segundo es temporal y solo una de las instituciones, si bien fundamental, del Estado. Al menos en una democracia.
En México, hoy estamos viendo una distorsión de este principio, tan sencillo, pero fundamental. Con un gobierno que pareciera querer absorber por completo al Estado: del Poder Legislativo, con una mayoría calificada artificial, al Poder Judicial; ahora liquidando a los organismos autónomos; en adelante, según la ruta del “plan C”, acabando con la escasa independencia que queda en las instituciones electorales, así como con la pluralidad política restante en el Congreso.
Por eso se habla de un ahorro, pero no se dice que éste, si es que puede abonar al gobierno, lo hace a costa del Estado mexicano y del bien común.
El Inai representa solo 0.01% del gasto total federal. Cuesta 65 centavos mensuales a cada mexicano. Pero, ¿cuál es el valor de que la información gubernamental, del interés de la nación y los ciudadanos, sea accesible? Que no sea secreta por decisión discrecional de políticos y funcionarios públicos.
Impedir esto último sólo es posible con una institución independiente que, en buena medida por eso mismo, pueda obligar a los gobernantes a compartir la información que es pública, es decir, de todos.
El gobierno quizá podría ahorrarse una centésima de su gasto eliminando al INAI y endosando sus funciones a la Secretaría de la Función Pública, que ahora se llamará de Anticorrupción y Buen Gobierno. A cambio, será juez y parte en lo que hacía el órgano liquidado, con capacidad de decidir qué información comparte y cuál no, sin una tercera instancia capaz de obligarlo a actuar en función del bien público.
Gracias al Inai, periodistas, ONGs y ciudadanos, a lo largo de cuatro sexenios con gobiernos de tres partidos distintos, han podido acceder y hacer pública información clave para conocer y/o documentar todo tipo de abusos de poder y corrupción: desde la tragedia de la Guardería ABC y la de los estudiantes de Ayotzinapa a la corrupción en Segalmex.
¿Cuánto puede costarnos, a todos, el que un gobierno tenga pleno acceso a nuestros datos personales y capacidad de hacer con ellos lo que quiera, pues no hay una institución de control, otro encargo que hasta hoy tenía el Inai?
El presupuesto anual del este organismo sería, al tipo de cambio actual, de unos 50 millones de dólares. Compárese con las pérdidas de Pemex y el inmenso subsidio con el que sobrevive. En el tercer trimestre de 2024 tuvo una pérdida neta de más de 20 mil 280 millones de dólares. Durante los primeros nueve meses de este año, recibió más de 7 mil millones. Sin contar los beneficios de condonaciones fiscales. La refinería de Dos Bocas se planteó en 2019 como un proyecto de 8 mil millones de dólares a completarse en tres años; todavía no produce gasolina y el costo pasa de 20 mil 168 millones.
Para hablar de despilfarro o malas inversiones, baste ver el dinero que se seguirá canalizando a proyectos que ya deberían al menos tender a ser autosuficientes, como el AIFA o el Tren Maya,. Solo la cancelación de las obras del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México pudo costar unos 14 mil millones de dólares. Con eso se podría pagar el Inai por más de 280 años.
O más de 430 años la Cofece, que en 10 años generó beneficios económicos para los mexicanos por más de mil 700 millones de dólares a partir de sus intervenciones anti monopólicas. Por cada peso que le fue asignado de presupuesto, regresó seis a la sociedad.
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