El politólogo Luis Carlos Ugalde, uno de los especialistas en asuntos electorales con mayor reconocimiento en México, ha planteado un mapa en el que se establecen, desde su óptica, los principales desafíos que enfrentaremos este año en el marco de las elecciones locales y federales que se llevarán a cabo el próximo dos de junio.
En el documento Diez riesgos políticos para 2024, publicado la semana pasada, Ugalde se extiende en una serie de consideraciones internas y externas que podrían incidir en la estabilidad del país en un año que será crucial para definir el rumbo que habremos de tomar en esta primera mitad del siglo XXI.
El referido texto analiza desde posibles reformas constitucionales, decisiones presupuestales, el eventual retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, desacuerdos entre los partidos, el proceso de militarización en el país y la creciente presencia del crimen organizado.
Es precisamente este último punto, el de la seguridad, el que mayor preocupación genera entre la población, los inversionistas y nuestros principales socios comerciales, sobre todo en Estados Unidos, desde donde se ve a un México cooptado por las organizaciones criminales.
“Las comunidades y las organizaciones quedan completamente desprotegidas ante la comisión de cualquier clase de delitos, principalmente las extorsiones, el cobro de piso y los robos. Esto propicia la normalización de economías semi-criminales”, apunta el documento elaborado por la Consultora Integralia, propiedad de Ugalde. Dicha afirmación surge, entre otras cosas, de la ausencia del Estado en distintas regiones del país y del control que ejercen los grupos criminales en las autoridades locales. Basta con recordar las declaraciones que hiciera en marzo de 2021 el jefe del Comando Norte, perteneciente al Pentágono, Glen VanHerck, en el sentido de que al menos 30 por ciento del territorio mexicano se encontraría en manos de la delincuencia.
Si bien el gobierno del presidente López Obrador rechazó aquella hipótesis, lo comentado por este alto mando del ejército estadounidense muestra la preocupación de ese país por lo que acontece en México y por lo que podría ocurrir en este año electoral si las autoridades no dan un giro absoluto en su estrategia para contener al crimen organizado.
De forma acertada, Ugalde advierte que en México se vive una dualidad, expresada por la prevalencia del Estado de Derecho en algunos territorios del país y por la existencia de regiones en las que “el crimen organizado funge como el principal regulador de la vida económica y social, por lo que impera la ilegalidad en todos los ámbitos”.
Ese papel regulador al que Ugalde se refiere es claramente palpable en muchos estados y municipios, en donde las bandas delincuenciales imponen candidatos, controlan elecciones, acaparan cargos, definen presupuestos, regulan la actividad económica y controlan los aparatos de seguridad pública.
Ante este tipo de escenarios, en muchas ocasiones, los gobiernos locales y federal han optado por dejar que las cosas sucedan en lugar de combatir abiertamente a estos grupos, como debería ser su papel.
México, como uno de los principales actores económicos del mundo, no puede permitir que esta situación prevalezca. Estamos frente a una oportunidad única e histórica para convertirnos en lo que hemos soñado: un país pacífico, un actor global relevante, un socio confiable y una nación próspera, en la que la presencia del crimen organizado haya sido una prueba superada.
Que ese sueño se haga realidad.
