Apenas inicia septiembre y la agenda pública ya está definida. Por mandato constitucional se rindió el sexto y último informe de Gobierno del presidente López Obrador y se instaló la nueva legislatura en el Congreso de la Unión. Sin embargo, a pocos kilómetros del zócalo donde el presidente era celebrado, miles de estudiantes y trabajadores protestaban en contra de la Reforma al Poder Judicial.
Los informes de gobierno siempre son un importante insumo para el análisis y el debate público. En su gran mayoría, los medios replicarán los dichos, logros y avances de la administración; unos cuantos lo analizarán y otros menos lo verifican. En esta ocasión el Informe no parece relevante en comparación con lo que está en juego. El fin de semana, una jueza federal con residencia en Morelos, otorgó una suspensión provisional para que el dictamen de la Reforma al Poder Judicial no se discuta y vote en la Cámara de Diputados. Asimismo, un juez federal con residencia en Chiapas otorgó una suspensión provisional para que el dictamen, eventualmente aprobado, no sea enviado a los congresos locales.
Aquí radica el riesgo: las autoridades involucradas, en este caso, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores deberán obedecer las suspensiones provisionales. En caso contrario, serían sujetos a las sanciones establecidas en la Ley de Amparo: de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión a aquel funcionario que no obedezca una suspensión. No obstante, es probable que no las cumplan y tampoco sean sancionados.
Ante las suspensiones, algunos legisladores salieron a criticar esta determinación judicial. La solución es sencilla, presentar los correspondientes recursos de queja y esperar la determinación de los juzgadores o esperar las resoluciones definitivas. La urgencia es “regalarle” al presidente su promulgación ¿Qué sucedería si no se obedecieran las resoluciones judiciales? Me atrevo a decir que más que logros sexenales como los que dio a conocer el Ejecutivo Federal en su informe, el sexenio terminaría con una crisis constitucional.
En pocas palabras, una crisis constitucional surge cuando nuestro marco jurídico no alcanza para resolver un conflicto. Por ejemplo, ¿puede una reforma constitucional estar en contra de la misma constitución?, ¿qué sucede si hay una imposición de un poder sobre otro?, ¿qué sucede si no se respeta la división de poderes?
Por supuesto existe un debate sobre si procedía o no otorgar las suspensiones provisionales. Si están en paro, cómo se justifica su trámite urgente o por qué su aprobación resultaría en un acto de imposible restitución. Cada quien decidirá si la crisis es en sí misma mala o, por el contrario, representa una oportunidad. Lo cierto es que las suspensiones, el dictamen y las manifestaciones de estudiantes y trabajadores coexisten. Lo que nos toca hacer es escuchar y analizar. Ojo aquí: Si los estudiantes alzan la voz, es posible que en mucho tengan razón.
P.D. Todo el apoyo y solidaridad a quienes buscan un México justo.
*Manuel Guadarrama es maestro en políticas públicas y profesor universitario.
