Los golpes y embestidas que en acción o reacción, han generado entre sí los poderes federales, dejan como saldo un país debilitado y a la ciudadanía desprotegida.
A fin de cumplir las reformas para que Jueces y Magistrados sean elegidos por voto popular, el Consejo General del INE sesionó el pasado 23 de septiembre, y aprobó el calendario de actividades para la primera elección.
Menos de 8 meses faltan para la elección extraordinaria de Ministros y Ministras de la Suprema Corte, Magistraturas del Tribunal Electoral, integrantes del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, así como Magistraturas y Juzgadores.
Será el 1o de junio de 2025 cuando, por primera vez, se elijan mediante voto ciudadano cargos del Poder Judicial.
Por eso, el Consejo de la Judicatura debe integrar una lista con las vacantes de Jueces y Magistrados, para elegirlos de manera escalonada, la mitad en 2025 y la otra mitad en la elección federal de 2027.
La primera determinación fue avisar al Senado, la imposibilidad de integrar la lista, argumentando entre otras cosas, los asuntos que ordenaban la suspensión del proceso; sin embargo, días después al remitir la lista de vacantes al Senado, quedaron a la deriva y en entre dicho, las determinaciones del propio poder judicial.
De esa forma, la herida de muerte hecha a la justicia, se gestiona desde el propio poder responsable de impartirla, debilitándose a sí mismo.
Me explico: seguramente hemos escuchado, o incluso utilizado acciones legales como un amparo, controversias constitucionales y otras figuras que tienen la finalidad de evitar abusos y omisiones de la autoridad, con lo que se genera contrapeso entre los poderes.
Al ser el propio poder judicial, en este caso a través del Consejo de la Judicatura quien dejó de lado decisiones avaladas por sus jueces, permite vislumbrar la crisis en las instituciones que ha generado esta reforma.
Pues más que una pugna política o la lucha entre poderes, representa una crisis institucional y legal en el país.
Como ha pasado en otros casos y en otros poderes, se colocó entre la espada y la pared el Consejo de la Judicatura.
Por un lado, respaldar las decisiones de jueces y magistrados en la suspensión del proceso de elección, significaría dejar de atender la Ley, mientras que, acatar como siempre la ley, genera inconsistencias dentro del mismo poder judicial.
Así, de un total de 927 magistraturas y de 772 cargos de jueces, la mitad se elegirán el próximo 1º de junio de 2025, de acuerdo a lo señalado este sábado por el Senado.
La decisión en el Consejo de la Judicatura, expuso fallas en nuestro sistema democrático, y al mismo tiempo, puso en crisis al “Estado de Derecho”, pues entre juzgadores y la ciudadanía en general, impera la sensación de abandono en la impartición de justicia.
