En mis últimas entregas, mostré que el balance educativo durante el sexenio 2018-2024 no es positivo. Basé mi argumento en una sencilla comparación entre las metas oficialmente establecidas y lo reportado en los informes de gobierno.

Sólo dos por ciento de los propósitos gubernamentales se cumplieron. La “transformación” no ocurrió. Lógico, este juicio puede ser refutado, constatado o complementado con información más amplia.

Pero las y los académicos hacemos crítica con el propósito de comprender las políticas educativas y mejorarlas. Con nuestro trabajo, ofrecemos un insumo para la deliberación pública, no para la autoafirmación. Sin crítica, no hay innovación.

¿Qué propondría entonces para revertir la mala situación por la que atraviesa la política educativa mexicana? Soy escéptico de que las cosas van a mejorar dados los hechos y comportamientos recientes de la clase gobernante, así como por la propuesta presupuestal para 2025. Ojalá me equivoque. Empero, con espíritu propositivo diría:

1. Si el programa de becas es una de las apuestas principales de este gobierno, puede cambiar para dejar de ser convencional e ineficiente. Comprar votos y construir clientelas puede ir aparejado con cierto grado de innovación. Para ello, se puede revisar la experiencia nacional y externa. En este último sentido, Ana García de Fanelli, en su revisión de políticas de equidad para la educación superior latinoamericana, muestra que: (1) en entornos de alta estratificación social y admisión selectiva, la gratuidad tiene un impacto limitado, (2) hay que combatir la “inclusión excluyente” (Ezcurra) por medio de apoyos complementarios a las becas. En ello, el aprendizaje es central, así como la adaptación al entorno, y (3) no es necesario crear nuevas instituciones, sino descentralizar a la par de combinar las becas con “servicios de apoyo y seguimiento” al joven (IIPE-UNESCO).
2. Es importante dejar de asumir que automáticamente se genera demanda estudiantil al abrir campi. Esto lo sabemos desde hace más de 30 años. La tasa de cobertura en la educación superior en México sigue siendo relativamente baja a pesar de la “diversificación”. De hecho, el gobierno de AMLO no pudo cumplir su meta sexenal. Se quedó atrás seis puntos porcentuales de que 50 por ciento de los jóvenes entre 18 y 22 años cursara la universidad.
3. Si este es un gobierno “humanista”, comprometido con la igualdad y supuestamente encabezado por una científica, podría diseñar y poner en práctica opciones académicas que sean intelectualmente estimulantes y atractivas, pero sin la organización y carga escolar tradicionales. Elevar la matrícula, escolaridad y capacidades cognoscitivas del joven que mayormente ha enfrentado desigualdad, exige saber qué significa para para él y para ella el conocimiento y por qué elegiría una opción académica sobre otras.
4. Las “racionalidades razonadas” de los individuos y sus familias son más complejas que la del político. La elección escolar y universitaria está profundamente mediada por múltiples factores (antecedentes familiares, posibilidades reales del individuo y del hogar, estatus social, autopercepción, contexto, etc.). Es a partir de la realidad del joven que se pueden diseñar opciones académicas flexibles, exigentes en lo intelectual y, por tanto, pertinentes.

Reemplacemos la ficción autoritaria por la pluralidad de ideas, la decisión cerrada por acciones públicas y el programa clientelar por estrategias sensibles y efectivas para los individuos que más lo necesitan. La demanda de igualdad y justicia sigue vigente.