Por Manuel Vélez
Fentanilo es la palabra que leo y escucho a todas horas cuando se discute sobre la agenda de seguridad entre los gobiernos de México y Estados Unidos. Y en las últimas semanas, el tono ha escalado al grado que se perciben tensiones entre las autoridades mexicanas y las estadounidenses. A este cóctel se suman temas ríspidos como la migración, el tráfico de armas y la remota posibilidad de designar a algunas organizaciones delictivas como grupos terroristas. Todo en un contexto cargado en el terreno electoral.
En el debate público se simplifica la cuestión, según mi juicio, al eterno problema de tráfico de drogas ocasionado por una demanda creciente de la población estadounidense y una oferta de unas cuantas organizaciones delictivas con capacidades logísticas y de poderío armamentista y corruptor. Esta ha sido la historia narcótica dominante que siempre se cuenta como si se tratara de la misma película con diferentes actores y giros narrativos marginales, pero sin matices.
Sobre esta narrativa abundan artículos y posicionamientos de actores políticos y analistas que, al calor de las declaraciones, dejan de lado la evidencia o bien, la interpretan a modo. Considero que este debate sobre quién es más responsable ni conduce realmente a soluciones del problema ni muestran el aspecto humano del mismo. Prevalecen así los mitos, la desinformación y un alarmismo improductivo, pero eso sí no pueden faltar sendas fotos de reuniones de altísimo nivel y el nombramiento de “zares” antidrogas en ambos lados del Río Grande.
El primero de estos mitos es el que afirma que es un problema reciente. Según Simon et. al. (2020)1, la crisis de los opioides data de al menos 25 años y su evolución se puede separar en 3 grandes oleadas. La primera ocurrió desde mediados de los noventa hasta 2010. Dicha etapa se caracterizó por el incremento del consumo de opioides de receta médica, campañas mercadotécnicas agresivas por parte de la industria farmacéutica y controles débiles para emitir las recetas.
La segunda oleada ocurrió entre 2010 y 2013. Se distinguió por un incremento de las muertes por sobredosis de heroína, mayores restricciones a la prescripción médica de opioides en algunos estados de EEUU y la reformulación del famoso Oxycontin de los laboratorios Purdue.
La tercera oleada inició a partir de 2013. Durante esta ocurrió un viraje hacia los opioides sintéticos como el fentanilo y otros análogos de menor costo y mayor potencia provenientes de Asia. Además, se siguieron añadiendo más y más controles a la prescripción médica y cobraron relevancia las medidas de reducción de daños como los programas de intercambio de jeringas, el uso de la naloxona2 ante emergencias, el tratamiento con metadona y buprenorfina, entre otras.
El segundo mito es que las autoridades estadounidenses no han hecho nada por reducir la demanda de opioides y otros analgésicos. Entre estas sustancias destaca el fentanilo y otros análogos por la cantidad de muertes que han provocado. Llevan a cabo la tarea más básica de todas: medir el consumo y el mal uso de las sustancias.
A diferencia de México donde el levantamiento de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco está detenido desde 2016 por recortes presupuestarios, en Estados Unidos sí cuentan con una estimación gruesa que señala a los analgésicos como la segunda sustancia de mayor uso. Esta sustancia alcanzó a 9.3 millones de personas mayores de 12 años.
Pero de esta población, solo el 3.3% reportó un mal uso de cualquier analgésico y en el caso específico del fentanilo, poco más de 350 mil personas mayores de 12 años reportaron el mal uso de esta sustancia en 2020 según los datos de la Encuesta Nacional sobre la Salud y el Consumo de Drogas3.
Es importante notar que esta encuesta subestima la cantidad real de consumidores que reportaron algún mal uso de analgésicos, ya que solo incluye productos legales así que cualquier forma de fentanilo de producción ilícita en estado puro o compuesto no está contemplada en la medición. Pero, al menos cuentan con datos recientes y de cierta calidad.
El tercer mito consiste en reducir las acciones de las autoridades estadounidenses a lo que hace o deja de hacer la Administración de Control de Drogas, la Oficina del Tesoro, el Departamento de Justicia, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, entre otras agencias de seguridad. Las autoridades sanitarias, en particular, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades impulsan políticas basadas en evidencia que han salvado cientos de vidas.
Entre estas destacan las siguientes: distribución dirigida de naloxona ante situaciones de emergencias, tratamientos médicos contra el trastorno por uso de opioides, asistencia de expertos al personal médico de primera línea, legislación de buen samaritano para atención de llamadas al 9114, provisión de jeringas y equipo médico estéril, análisis clínicos, atención de enfermedades relacionadas con el consumo, canalización hacia servicios sociales, entre muchas más.
El cuarto mito, que no deseaba incluir porque me parecía innecesario en su momento, es que no hay producción de fentanilo en México. Justamente hace unos días el Jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores afirmó que “hasta el momento no se tiene registro de producción o síntesis de fentanilo”. Sin embargo, dicha declaración no se sustenta en la evidencia oficial reconocida por las autoridades mexicanas comentada en foros y aportada para la elaboración de informes internacionales.
Por ejemplo, apenas en marzo del año pasado un funcionario de alto nivel de la Fiscalía General de la República afirmó que la producción de fentanilo se focaliza en algunos municipios y comunidades de Sinaloa y Baja California. Asimismo, diversos reportes de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes ya han señalado aspectos preocupantes sobre la producción de esta sustancia e incluso de precursores a partir de información forense de las incautaciones.
Desde mediados de 2018 se identificó en México la llegada de 4-AP (N-Fenil-4-piperidinamina)5 en pequeñas cantidades provenientes de China, Países Bajos y Singapur. En diciembre de ese año ocurrió una incautación de 100 kg de NPP (N-fenetil-4-piperidina) provenientes de India y con destino a México (sustancia necesaria para sintetizar el fentanilo). Más preocupante aún fue el descubrimiento de un laboratorio experimental de precursores en 2019, es decir, instalaciones dedicadas a la producción de insumos del fentanilo. Por último, en 2021 las autoridades mexicanas reportan incautaciones de NPP y ANPP.
La evidencia sobra. Incluso en programas de National Geographic de periodismo de investigación6 han televisado cómo se sintetiza esta sustancia en alguna comunidad de Sinaloa. Por ejemplo, recuerdo una escena en la que un cocinero de fentanilo, ingeniero químico de profesión, le explica a la periodista el proceso de síntesis y le cuenta cómo algunos cocineros han muerto a causa de paros cardiorrespiratorios.
Podría continuar con la lista de mitos, pero el espacio es insuficiente. La moraleja es que antes de proponer soluciones a este delicado problema, hay que fijarse en la evidencia. Sin filias, ni fobias. Con la verdad y con un compromiso público genuino. Ojo, lo mismo aplica para el tráfico de armas.
@VelezManuel
Subdirector de Investigación del Observatorio Nacional Ciudadano
