Por Gustavo Gaviria / Fundador y Portavoz de Repartidores Unidos
Hablar de proteger los derechos de quienes sostienen la economía, los trabajadores, parece algo de sentido común. En España, la Ley “Rider” de Yolanda Díaz, supuestamente creada para proteger a los repartidores de Plataformas Digitales, acabó en despidos masivos y destrucción de trabajos. Esta ley, en vez de protegernos, nos dejó sin ingresos y sin voz.
Me llamo Gustavo Gaviria, soy músico de profesión y repartidor de oficio. Llegué a España en 2012 para formarme a nivel musical, y en 2017 empecé a trabajar como repartidor autónomo: flexible, sin jefes ni horarios, el trabajo ideal para compaginar con la música. Todo, aunque siempre con un infinito margen de mejora, fue bien hasta la llegada de la Ley “Rider”, que transformó este trabajo abierto y flexible que teníamos unos 17.000 riders, en un infierno de inseguridad jurídica, judicializaciones y despidos.
En junio de 2020, Yolanda Díaz, Ministra de Trabajo del Gobierno de España, tras una reunión con un pequeño grupo de representación minoritaria pero de notable alineación ideológica con ella, anunció la ley que, según palabras suyas, cambiaría “el signo de los tiempos” la cual no incluía, de ninguna manera, la voz de la mayoría de los riders afectados. En manifestaciones masivas por todo el país, las más concurridas que ha tenido el sector en España, pedimos ser escuchados, pero nunca recibimos ni una sola respuesta por parte de quienes estaban decidiendo nuestro futuro sin nosotros. Finalmente la ley fue aprobada en mayo de 2021; desde ahí vimos cómo empezaba a caer un modelo de trabajo que aunque mejorable, funcionaba.
La realidad tras la ley fue devastadora: Amazon Flex, dónde trabajaban 4.000 riders autónomos, finalizó operaciones. Uber Eats, con 4.404 repartidores, dejó de operar con ellos; Deliveroo, con 3.871 trabajadores, cerró en noviembre de 2021, declarando que la ley hacía de su empresa “una fuente de pérdidas estructurales de futuro incierto”; y, para completar el cuadro, en abril de este año Stuart abandonó España. ¿El resultado?: la destrucción de más de 12.000 trabajos, y con ello, una reducción dramática de los ingresos y opciones para quienes antes teníamos libertad de elección.
Aquel cambio del “signo de los tiempos”, la Ley “Rider”, se compone de un único artículo de dos párrafos los cuales caben en un Post It, precedido, eso sí, de una exposición de motivos con cuatro folios completos de retórica que no incluyen ni un solo dato de nuestro sector. En lugar de abrir puertas para proteger, nos han abocado a un limbo legal y nos han reducido fuertemente las opciones, dejando un mercado limitado y sin incentivos. El colmo: los sindicatos, que en lugar de apoyarnos han sido un fuerte obstáculo, los cuales nos han maltratado, difamado y censurado en pro de lo que parecen ser más bien intereses políticos antes que de defensa de los trabajadores.
Al final, esta ley paternalista ha dejado a miles de repartidores con menos ingresos y ha empujado al sector a un monopolio insostenible. Por otra parte, una reciente Directiva Europea, que podría haber sido una oportunidad, quedó en nada, permitiendo a cada país aplicar su legislación sin establecer definiciones claras, dejando a mi país, España, en la misma nefasta situación. Y aquí seguimos, bajo una legislación que se queda corta, ineficaz y dañina.
Mientras tanto, yo sigo repartiendo pedidos y haciendo música, a la vez que luchando por un cambio legislativo real que, esta vez, sí proteja de verdad a los trabajadores.
